La Escuela Pública Sitiada
Crítica de la Transformación Educativa
Pablo Imen
Capítulo I
Cosmovisión neoliberal. Categorías básicas
La crisis
orgánica del orden capitalista en las primeras dos décadas del siglo XX tuvo
como alternativas la emergencia de los fascismos, las revoluciones socialistas
y, finalmente, la recomposición del bloque histórico a través de los
denominados capitalismos de bienestar o Estados de Bienestar que –a partir de
un optimismo histórico desbordante- anunciaba la posibilidad de un horizonte de
paz y desarrollo.
El sueño de
un capitalismo humanizado en la posguerra de los 40, fundado en la economía
keynesiana y en una perspectiva –antes discursiva que efectiva- sobre la
ciudadanía y los derechos sociales de todos, se hizo añicos a mediados de los
setenta, cuando la amenaza de una nueva crisis orgánica del orden burgués
parecía configurar el último acto de una catástrofe anunciada.
La crisis del
capitalismo democrático no condujo sin embargo al temido o esperado reemplazo
por el modelo de los socialismos reales.
Por el
contrario, la clase dominante, sus intelectuales, sus voceros elevaron al rango
de política de Estado un nuevo proyecto –que trascendía largamente un mero plan
de gobierno- involucrando valores, discursos y prácticas que legitimaron hasta
hoy la centralidad del mercado, la inevitabilidad del egoísmo y la desigualdad,
la invalidez del Estado como promotor de la distribución más equitativa de la
riqueza y el conocimiento.
En términos
de Sante Di Pol:
Lo
que caracteriza a la postura neoliberal es la convicción de que esta política
económica es sólo la parte inicial de un plan más vasto y orgánico dirigido a
limitar a los sectores de intervención del gobierno y a desarrollar la libertad
de mercado[1].
El uso
capitalista de la crisis que se indujo en este período histórico tuvo –tiene-
efectos duraderos en la reconfiguración de las sociedades nacionales y del
propio orden mundial. Lejos de
constituirse como una novedad de la última hora, el armazón ideológico del
neoliberalismo se construyó desde fines de la década del treinta. Sus creadores, audaces y tozudos, lograron
imponer una visión del mundo que se
tradujo, décadas más tarde, en políticas de Estado promovidas en todas
las latitudes, aunque no del mismo modo ni por los mismos medios.
Nos interesará a continuación desarrollar algunos elementos centrales de
los valores, supuestos, principios que sustentan los principales intelectuales
de esta corriente.
1.1. Notas ideológicas
“No esperamos nuestro
sustento de la generosidad del carnicero, del cervecero o del
panadero; lo esperamos del cuidado que ellos tienen en su propio interés. No nos dirigimos a su sentimiento humanitario, sino a su egoísmo, y jamás
les hablamos de nuestras necesidades, sino de las ventajas que ellos lograrán. Si exceptuamos a los
mendigos, nadie quiere depender fundamentalmente de la generosidad
de sus conciudadanos.”
Esta cita cristalina tomada por
Milton y Rose Friedman de Adam Smith y transcripta en su libro Libertad
de elegir constituye una muestra palmaria, en primer término, de los nexos entre liberalismo viejo y nuevo. Vale señalar que, sin embargo, el liberalismo y el neoliberalismo difieren no sólo
porque fueron elaborados en contextos
históricos muy distintos, sino porque hay tópicos en los que registran notables
diferencias. Este trabajo fue publicado
a fines de los 50 y expresa los lineamientos centrales del programa
neoliberal.
El individuo es resaltado como juez
supremo de sus fines y el lugar de la
libertad –libertad definida desde el punto de vista del consumidor- es puesta
en el punto culminante de la escala de valores neoliberales.
En este sentido, para los neoliberales
cada quien es lo que es por el azar,
la herencia y las decisiones de cada uno.
Estos factores constituirían la trilogía
del destino individual: "La cantidad de uno y otro recurso que posee cada
uno de nosotros es en parte resultado del azar, y en parte de nuestra propia elección o de la ajena. El azar determina nuestros genes y, a través
de ellos, afecta nuestras capacidades
físicas y mentales. El azar señala la
clase de familia y el contexto cultural en el que nacemos y,
consecuentemente, nuestras oportunidades para desarrollar nuestra capacidad
física y mental. (...) Pero también
la decisión personal desempeña un importante papel"[2].
Desde aquí, los Friedman advierten
sobre el potencial conflicto entre libertad e igualdad: "Igualdad y
libertad eran dos aspectos de un mismo valor básico: que cada individuo debe
ser considerado como un fin en sí mismo. En los Estados Unidos ha surgido un sentido de igualdad muy diferente en
las últimas décadas: igualdad de resultados.
Todos deben tener el mismo nivel de vida o de ingresos, todos deben terminar la carrera a la vez. La igualdad de resultados está en clara contradicción con la
libertad"[3].
A partir de la defensa cerrada del
egoísmo, la competencia y la idea de que
cada quien es artífice de su destino, la desigualdad aparece corno un fenómeno
inexorable de la condición humana, de sus sociedades.
El camino emprendido por la humanidad
es caracterizado como la sumatoria
del esfuerzo de los exitosos, siempre pocos pero capaces de marcar el camino. La
equidad es, por tanto, fuertemente criticada por Millón y Rose Friedman
al desnaturalizar los procesos de construcción de futuro: “(...) si lo que las personas tienen está determinado por la
'equidad' y no por lo que producen, ¿de dónde provendrán las recompensas?, ¿qué
incentivos hay para trabajar y producir? (...) La vida no es equitativa. La creencia de que el estado puede rectificar lo que la naturaleza ha
producido resulta tentadora. (...) El
sistema en que las personas toman sus propias decisiones –y sufren la mayor
parte de las consecuencias de estas- es el que ha prevalecido mayoritariamente en nuestra historia. Es el procedimiento que estimuló a los Henry
Ford, a los Thomas Alva Edison, a
los George Eastman, a los John D. Rockefeller (...) para que transformaran
nuestra sociedad en los dos últimos siglos. (...) Desde luego, a lo largo del camino hubo muchos
perdedores; probablemente más perdedores
que ganadores. No recordamos sus
nombres. Pero en la mayoría de los casos sabían muy bien lo que hacían. Sabían que aceptaban riesgos. Y, ganadores o perdedores, la sociedad
en su conjunto se benefició de la voluntad de
correr esos riesgos"[4].
Una nota relevante de la corriente
neoliberal es su ataque a las perspectivas
historicistas, y su implícita idea de la posibilidad de las grandes
causas. Expresamente Popper se declara
enemigo del historicismo y las causas que llaman a redimir a la humanidad a
través de cambios revolucionarios.
Señala que “El esteticismo y el radicalismo deben conducirnos,
forzosamente, a rechazar la razón y a
reemplazarla por una desenfrenada esperanza de milagros políticos. (...) Aun inspirados por las
mejores intenciones de traer el cielo a la tierra, sólo conseguiremos convertirla en un infierno, ese infierno que
sólo el hombre es capaz de preparar para sus semejantes"[5].
En un mismo sentido, propone derogar
la idea de felicidad y sugerir en su lugar la idea de reducir el
sufrimiento: "En lugar de pedir la mayor felicidad para el mayor número, deberemos conformarnos, más modestamente, con
la menor cantidad de sufrimiento para todos, exigiendo, además, que ese
sufrimiento inevitable –como, por ejemplo,
el hambre en épocas de escasez de alimentos- se distribuya en la forma más
equitativa posible"[6].
Opone la “ingeniería social utópica”
a la “ingeniería social gradual”. Mientras la primera remite a imposibles sueños de
grandes transformaciones que conducen
al infierno; la segunda, en cambio, opera en el nivel de las instituciones y
favorece los cambios pequeños y posibles que harán la vida más habitable.
Este llamado a una dinámica social
individualista reaccionaria y a la expansión
de las relaciones de competencia es concomitante con la maximización de la economía de mercado y la reducción de
la política –en el mejor de los
casos- a un mecanismo procedimental para elegir a quienes asegurarán la
acumulación capitalista y la legitimidad del orden. En muchas de sus obras, la democracia es
severamente cuestionada por estos autores como un ámbito autoritario e
ineficiente.
El neoliberalismo, definido como
proyecto integral y orgánico de la clase
dominante fue reconvertido como política de Estado desde mediados de los setenta. Ana María Ezcurra analiza los contenidos
centrales del neoliberalismo desde una perspectiva crítica del mismo:
[La] básica, de raigambre neoclásica, es que el
mercado constituye el mejor
instrumento, el más eficaz para la asignación de recursos y la satisfacción de
necesidades. Un mecanismo de
autorregulación que conduciría al óptimo social y que, por ello, resultaría
intrínsecamente superior. Por eso, dicha
ortodoxia exaltó las virtudes de un Estado mínimo e impugnó vivamente al Estado de Bienestar y, en general, al Estado
como dispositivo de redistribución en beneficio de las clases
desfavorecidas. Aquella tesis operó como
principio rector, organizador del conjunto doctrinario. (...) Sobre esa base, el neoliberalismo
originario planteó una agenda de políticas con cuatro ideas-fuerza clave:
·
La promoción de un máximum de
crecimiento económico (de libre mercado) como objetivo
prioritario;
·
A su turno, tal propósito demandaría un aumento de la tasa de ganancia del
capital privado y, para ello,
·
Se requeriría una reducción
de los costos salariales, una merma en el costo de la fuerza
de trabajo, una
bandera neoliberal decisiva y distintiva
que, además,
En rigor, estas ideas y estas políticas conspiraban contra la expansión del gasto social, y como es de suponer, la
educación no fue inmune a los nuevos vientos derechistas en el mundo.
1 .2. La cuestión
educativa
Para este período histórico
neoliberal, la interpelación a cada individuo como responsable exclusivo de su
destino, aplicable para cada práctica social, encuentra también ecos en las
concepciones educativas elaboradas por la Nueva Derecha.
En educación se presupone la búsqueda de variantes que confluyan en un mismo sentido: la salvaguarda de la libertad
individual para que el consumidor
pueda elegir libremente su opción.
Muchos de los intelectuales más representativos de esta corriente
advierten contra los modos de adoctrinamiento
posibles en sistemas educativos estatales como un riesgo a aventar. Tal es el planteo de Von Mises, que en los
treinta ya había denunciado el papel conservador de la escuela en la transmisión de valores y doctrinas.
La acusación principal recae en el Estado, por su carácter de interventor que amenaza tanto la libertad como el
pluralismo cultural. Sí se admite, a modo de concesión, que el Estado asegure algún
modo de participación para el logro de una convivencia pacífica.
También se acepta que la enseñanza
obligatoria debe tener un carácter gratuito
o, para ser más exacto, no arancelado.
Hayek, referente de la perspectiva
neoliberal, es escéptico sobre cierta igualdad de oportunidades, pues cree que
la masificación de los niveles no obligatorios puede generar una nivelación a
la baja de las capacidades y potencialidades individuales. Dichas capacidades individuales trascienden,
para Hayek, la presunta capacidad
medida de acuerdo a un test objetivo. La
suerte, acicateada por el sentido de oportunidad, sería un elemento valioso
para el logro de los propios fines:
Según los neoliberales, hay que multiplicar las
ocasiones para todos. Hay que tener en cuenta que esto favorecerá no sólo a
los mejores sino sobre todo al que sepa aprovechar tales ocasiones. (...) Según
Hayek, ‘dado que la aportación principal de un individuo es la de
aprovechar lo mejor posible los casos fortuitos que se le presentan, el éxito
es, en buena parte, una cuestión de suerte'[8].
Para tutelar la libertad de elección
de los padres y enmendar los presuntos
fallos del intervencionismo estatal, los Friedman proponen una serie de medidas correctivas. Para ambos, como ya vimos, la principal causa
del deterioro es la centralización y
la burocratización que restaron a los padres buena parte de su derecho a
elección.
De ese modo, Friedman introduce
también en el campo de la enseñanza el mismo criterio básico de la libre
competencia como método
para garantizar la eficiencia y el progreso, y tutelar al mismo tiempo la libertad de elección de los usuarios, que en
ese caso serían los padres. El problema
de la enseñanza en general se convierte así
en un problema económico, la eficiencia, y viene a perder gran parte de
las connotaciones y valores éticos, sociales y políticos. Valores que sirven a menudo
para enmascarar intereses de individuos
y grupos, en particular los sindicatos de enseñanza y de la burocracia
ministerial, que temen una transformación radical de la organización
escolar actual.[9]
La reivindicación de la educación
como una mercancía viene acompañada de
un diagnóstico de la crisis de la educación.
El expediente utilizado recurre
a acusaciones sobre actores concretos: al propio Estado, a sus funcionarios y a los sindicatos docentes.
Otra acusación, un tanto menos
explícita pero que aparece en diversos escritos, refiere al papel que la sociedad
juega en el apañamiento de un orden conservador,
actitud que termina contribuyendo a consolidar los intereses particulares de los burócratas y los gremios
docentes. Estos intereses obstaculizan un cambio en la "ampliación de la libertad
de elección", única alternativa posible
para remontar la crisis y acceder al logro de la excelencia educativa, tópicos
desarrollados por los Friedman en sus textos.
El diagnóstico de una crisis
educativa generalizada se basa, en principio, tanto en la pérdida de poder de
los padres como en el exceso de poder de burócratas y docentes: "En el
caso de la enseñanza, esta enfermedad ha adoptado la forma de una privación a muchos padres del control sobre el tipo
de educación que reciben sus hijos,
tanto directo, por medio de la elección y el pago de las escuelas a que acuden
éstos, como indirecto, por medio de las actividades políticas locales. El
poder se cierne también sobre los educadores profesionales. El mal se ha
agravado debido a la creciente centralización y burocratización de las escuelas, en especial en las
grandes ciudades. (...) El papel
del Estado, cada vez mayor, ha tenido muchos de esos efectos adversos tanto en la enseñanza superior como en la primaria
y la secundaria"[10].
La idea de que la educación es una mercancía
se fundamenta en la comparación con
la actividad industrial. En este
esquema, los padres y los hijos son
los consumidores, los docentes y administradores los productores. Como se sabe, en el ámbito del mercado el
cliente siempre tiene la razón: "Después de todo, en la industria las grandes dimensiones han demostrado
frecuentemente ser fuente de mayor
eficacia, costos más bajos y calidad superior (…) ¿Por qué había de ser diferente en lo relativo a la
educación? No lo es. No se trata de una diferencia entre la educación y otras
actividades, sino entre unas disposiciones
bajo las cuales el consumidor tiene libertad para elegir unas medidas con arreglo a las cuales el productor está
en el poder, por lo que el consumidor tiene por qué decidir. Si el consumidor tiene libertad para elegir,
una empresa puede crecer solamente si produce algo que éste prefiere debido a
su calidad y precio. (...)
Cuando el consumidor tiene libertad para elegir, el volumen sólo sobrevive si es eficaz. (...) En la
educación, los padres y los hijos son
los consumidores, y el profesor y el administrador de la escuela, los productores.
La centralización educativa ha supuesto unidades de mayor tamaño, una
reducción de las posibilidades de elección del consumidor y un incremento del poder de los productores"[11].
Como se desprende de toda la
argumentación hasta aquí volcada, la libertad de elección es desplegada
libremente en el marco de unas relaciones mercantiles, donde la voluntad de las
partes conduciría a una armónica integración
de oferentes y demandantes.
Un sistema de este tipo podría
ajustarse a través del sistema de vales o cheques escolares, sugieren los Friedman, de modo que permita tanto la
libertad de elección, el
financiamiento genuino en base al mérito de cada institución y la competencia
que permitirá discriminar las escuelas buenas de las malas: "Un modo sencillo y eficaz de
garantizar a los padres una mayor libertad
de elección, conservando a la vez las actuales fuentes de financiación, es un proyecto a base de vales. (...)
Éstos disponen de un vale que sólo sirve para gastos realizados en educación y
tienen completa libertad para escoger la escuela en que presentarlo, siempre que cumpla ciertas normas. A los padres se les puede y se les tiene que
autorizar el uso de los vales no sólo en la escuela privada, sino también en otros centros públicos; y no sólo en las
de su propio distrito, ciudad o estado, sino en cualquiera que esté dispuesto a
aceptar a su hijo. Esto dará a cada padre una oportunidad mayor
para elegir, y al mismo tiempo
exigirá a las escuelas públicas que se autofinancien cobrando la enseñanza (totalmente si el vale corresponde al
coste total; sino, al menos en
parte). Las escuelas públicas tendrán
que competir entonces tanto con las demás
escuelas públicas como con las privadas"[12]. Una ventaja adicional, apenas mencionada
arriba, es la imposición de una nueva lógica de financiamiento: “Una de las ventajas del proyecto de vales es
que estimularía una tendencia gradual
hacia una mayor financiación directa de los padres”[13].
Promovería también la competencia:
"La posibilidad de elección entre las
mismas escuelas públicas se acrecentaría notablemente. Las dimensiones de una escuela pública estarían determinadas por
el número de clientes que atraería,
no por fronteras geográficas políticamente trazadas o por una asignación por
alumno. (...) Y, lo más importante, aparecerían nuevos tipos de
escuelas privadas para cubrir este enorme mercado. (...) Muchas de las
nuevas escuelas serían iniciativa de grupos
no lucrativos. Otras serían montadas
para conseguir beneficios. No hay modo de predecir la composición
definitiva de la industria educativa:
la determinaría la competencia. La única
predicción que puede hacerse es que
sólo sobrevivirían las escuelas que satisficieran a sus clientes[14].
La síntesis del diagnóstico de los Friedman se condensa en estas afirmaciones, "Pocas instituciones de nuestra
sociedad están en una situación más insatisfactoria que las escuelas.
Pocas son las que propician más descontento o que pueden hacer más por
socavar nuestra libertad. El sistema
educativo esta dedicado a defender la existencia de sus poderes y
privilegios. Es apoyado por
muchos ciudadanos de declarado interés colectivista. Pero también éste está siendo atacado. Se observan
pruebas de decadencia por todo el país; crecen los problemas del crimen, la violencia y el desorden en las escuelas
urbanas; la inmensa mayoría tanto de blancos como de negros se oponen a la integración
forzosa; muchos profesores y administradores de escuelas superiores y universidades están inquietos bajo la pesada
mano de los burócratas (...); todo lo cual provoca una reacción contra
la tendencia a la centralización, la burocratización
y la socialización de la enseñanza"[15].
1.3. Posibles efectos del neoliberalismo en educación
Lo señalado hasta aquí tiene posibles
consecuencias de amplio alcance, algunas mediatas, otras inmediatas, sobre la
educación, sus dichos y sus actos.
De los postulados neoliberales me centraré en tres aspectos cuya
incidencia en el campo de la educación tendrían relevancia.
Primero, en el nivel axiológico, al inducir unos ciertos valores que no son en absoluto neutrales. Segundo, en el plano epistemológico, en
relación a la actitud y la actividad sobre el conocimiento. Y, finalmente, en el plano de las dinámicas concretas de la relación pedagógica,
de la dinámica escolar y del sistema
educativo.
Toda práctica humana es una práctica
social que incorpora valores, valores que están presentes –de modo
consciente o inconsciente- en los sujetos que
construyen con sus intervenciones la historia humana. Este rasgo particular expresa la naturaleza
política y portadora de valores de las prácticas pedagógicas al distribuir en su interior poder y saber.
Los valores promovidos por el (neo)liberalismo, a saber: egoísmo, competencia, desigualdad, reducción del ser humano
a un homo oeconomicus, etc.,
no son, de ningún modo, inocuos a la hora de establecer los fines de la educación
y los medios para llevarlos a cabo.
La preparación de las jóvenes
generaciones para un mundo caníbal dista de las promesas de construir un ser
humano comprometido con un destino común.
Antes bien, lo contrario.
Queda como interrogante –cuyo
tratamiento excede los límites de este trabajo-
pensar qué continuidades expresan estos valores con el modelo tradicional de
instrucción pública.
La promoción de la competencia, las
evaluaciones que asignaban su lugar a cada quien, la violencia autoritaria de
la institución educativa y, a veces, de
la propia figura docente en la relación con niños y jóvenes –por sólo mencionar
algunas cuestiones irritantes- no constituyen novedades neoliberales, sino que
son constantes que operaron a través de la rotulación, los logros
diferenciados, el fracaso escolar, así como la justificación de la
desigualdad educativa desde la propia
configuración de los Sistemas Educativos Nacionales. Esta afirmación vale para
todos los sistemas educativos creados como respuesta a la demanda del propio orden capitalista, si bien se registran
diferencias nacionales.
Mirar dialécticamente los modos de dominación que asumieron
efectivamente las dinámicas educativas nos exigirá complementariamente ver la
emergencia de acciones contestatarias, de resistencia o de contra
hegemonía. En conjunto, ver las
continuidades y rupturas del orden educativo, analizar las nuevas formas de
sometimiento, observar las contestaciones emergentes constituyen tareas para la teoría crítica, tanto más
imperiosas para quienes aspiran a democratizar sustantivamente la educación.
Un aspecto de esta lógica sistémica –y aquí hay una continuidad muy fuerte con las formas educativas tradicionales- es
la reducción de la calidad al aprendizaje de contenidos definidos por
especialistas externos y jerarquizados[16]
que reelaboran y traducen como discurso pedagógico los saberes de las
disciplinas, legitimados a través del poder del Estado. Si definimos como calidad, aquí, a la comprensión de los procesos
científicos de producción del conocimiento,
podremos ver en qué medida la escuela se convierte en una institución
cuyo fin central es la producción de hegemonía burguesa en redes diferenciadas: una misma ideología procesada,
distribuida y apropiada de modo clasista.
Vale la pena retomar el análisis desmitificador de Baudelot y
Establet, en cuanto no son conocimientos científicos (aunque haya
algunos elementos) lo que se inculca en la escuela, sino ideología.
El elemento de clase se expresa en la
estructuración del sistema educativo
capitalista a partir de dos redes: una primaria profesional, a donde van a parar
los hijos de las mayorías populares; y una secundaria superior destinada a
los exitosos (e hijos de exitosos) que la propia dinámica institucional empuja y logra:
La segregación de los materiales ideológicos, las dos
formas incompatibles e inculcación de la
ideología dominante en una y otra red producen efectos opuestos: por una
parte, a los futuros proletarios se les asesta un cuerpo
compacto de ideas burguesas simples; por la otra, los futuros burgueses
aprenden, a través de toda una serie de aprendizajes apropiados, a convertirse (...) en intérpretes, actores e
improvisadores de la ideología burguesa. Desde luego, se trata de la misma ideología pero,
entre el proceso de inculcación en la primaria-profesional y el proceso de
inculcación en la ideología secundaria superior existe la misma
diferencia que entre el catecismo y la
teología (...)[17]
Lejos de los conflictos que configuran la dinámica de la disciplina científica –dado que buena parte de la
construcción teórica surge del diálogo y confrontación de puntos de
vista al interior de cada campo de conocimiento-,
la idea de paquetes envasados de conocimiento viene a construir un
sentido común de autoridad incuestionada del saber experto, y, básicamente, un sentido
común acorde a la cultura dominante.
Constituye, por un lado, una marca
de aquello que los alumnos deben aprender, y sobre los cuales se les va
a evaluar.
Lo dicho presupone, primero, la
imposición de un arbitrario cultural (ese
conocimiento) y la exclusión de otros conocimientos que provienen de ámbitos
silenciados por la cultura escolar.
Es, a la vez que parámetro de los
saberes válidos, canal de selección, jerarquización,
clasificación de alumnos ganadores y perdedores en relación con el
rendimiento requerido para expresar la calidad educativa. Contribuye,
puesto en el marco de un sistema de comparaciones de rendimientos
de pruebas estandarizadas, a la
conformación de un mercado competitivo entre docentes y escuelas.
Por otro lado, esta práctica escolar centrada en el curriculum, el libro
de texto y las evaluaciones clasificatorias
enajena al trabajador de la educación acerca
de los fines y los medios puestos en juego en la relación pedagógica. En
efecto, si el para qué de la relación pedagógica se resuelve en el logro de la calidad educativa[18],
y el cómo está predefinido en el libro de texto parece claro que el docente ve severamente
obturada su posibilidad de opinar y decidir sobre los fines y medios de
la educación que él lleva adelante. Si a
esto le agregamos –sólo como factor del
contexto- los procesos de intensificación
del trabajo docente, la exigencia de pluriempleo para resolver un ingreso
mínimo, las obligaciones de capacitación atada a la reforma y el notable
deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes, podremos comenzar a
vislumbrar en qué medida la tarea de enseñar se convierte en trabajo alienado
Como señala Apple en relación a la
realidad de EE.UU. en los ochenta,
describiendo una tendencia generalizada y creciente bajo el predominio de los
gobiernos neoliberales:
Poco es lo que queda a la
elección del maestro a medida que el Estado invade cada vez más los tipos de
conocimiento que se deben enseñar, los productos y las metas finales de la enseñanza y los modos de
lograrlo[19].
El saber y el poder se entrelazan aquí de modo muy concreto, y su: efectos posiblemente sean relevantes en términos
de un aprendizaje que revierte como dogma indiscutible, un instrumento
de regulación de las prácticas pedagógicas en el aula sobre los alumnos y los
docentes, un acto de des politización de la
praxis educativa y una imposición cultural que ahoga toda actividad no orientada al logro de resultados
esperables en los operativo: evaluadores.
Desde el punto de vista
epistemológico, se apunta a la naturalización y aceptación de un modo de ver la
realidad, de conceptualizarla, de
adoptar los puntos de vista de las autoridades
del conocimiento que a la vez que implica la adopción del punto de vista
oficial y expresa el rechazo a visione: alternativas.
Desde estas primeras definiciones,
avanzaremos ahora hacia un abordaje de propuestas concretas de políticas
educativas elaboradas por Organismos Internacionales, en un plano mucho
más concreto.
La relación entre estos supuestos
neoliberales es evidente, como se verá en los respectivos discursos.
1.4. Interrogantes abiertos
Algunas preguntas de Marx en
relación a la riqueza (y la pobreza), tal vez sean útiles para descubrir lo que
se oculta detrás de la apariencia livianamente mercantilizadora del
proyecto educativo neoliberal.
Si hablamos de los conocimientos en
la sociedad y su distribución, caben
entonces las preguntas: ¿quién produce conocimientos y quién los distribuye?,
¿cómo lo hace?, ¿quién se los adueña?, ¿qué conocimientos son instalados
como valiosos y cuáles no?
¿Quién define la legitimidad de estos
conocimientos? ¿Cuáles son los
mecanismos de legitimación del conocimiento validado socialmente por la
clase dominante? ¿Qué luchas se dan por el reconocimiento de otros conocimientos?
¿Cómo se reparte el conocimiento? ¿A
quién le toca qué cosa? ¿Quién es responsable de la distribución?
¿Cómo se relacionan los mecanismos
de distribución con las posibilidades de apropiación del conocimiento?
¿Qué luchas se registran alrededor
del conocimiento y su campo específico
en la modernidad capitalista, el sistema educativo formal?
Algunas de estas preguntas serán
contestadas en este trabajo, cuyo aporte es analítico, exploratorio y
centrado en un análisis de concepciones y herramientas de la Transformación
Educativa.
En principio, el esquema que propone
la perspectiva neoliberal es relativamente simple.
Las preocupaciones de las tracciones dominantes y sus representantes
orgánicos fueron evolucionando en un sentido dual. El ejemplo del Banco Mundial es
paradigmático. La preocupación de sus
primeros escritos se centra en la demanda por más mercado, más competencia, más
liberalización de la actividad educativa.
Se le otorga la centralidad en la
elaboración del conocimiento al saber experto. Este conocimiento será evaluado al final del
proceso y establecerá estándares de
calidad –sinónimo de estándares de rendimiento-.
La educación es concebida como una mercancía pasible de adquirir en el mercado.
Habría una identidad entre educación y conocimiento elaborado, asimilado
y evaluado. Dicho conocimiento tendría
una trayectoria de clase –como señalamos
antes-, y modos de diversificación varios.
Para los pobres, entonces,
habría un circuito devaluado, centrado en la provisión de herramientas para la empleabilidad. El
carácter dual del sistema educativo no hace sino reforzarse: no debe
contabilizarse este discurso como novedad
neoliberal sino que responde a la estructuración clasista de los sistemas
educativos formales en el capitalismo.
Una sociedad que divide social, sexual
y racialmente el trabajo, exige que su educación estatal capitalista provea para cada fragmento productivo la mano de
obra adecuada y correspondiente. Lo que
sí varió fuertemente en relación al período previo, es el contexto caracterizado por ciertos niveles de
modernización tecnológica y por la creciente expulsión de mano de obra.
Por otra parte, para los no
pobres se abrirían circuitos de mercado.
En todos los casos, se prevé una lógica centrada en la competencia y la meritocrácia.
Aunque en términos de implementación en Argentina no se terminó de montar esa dinámica de mercado, se produjo un
avance significativo en los noventa en el plano del sentido común. Es claro que para que se puedan operar
modificaciones institucionales, debe primero asegurarse un consenso que habilite
las reformas de mercado.
Queda así claro que se estimularía
la creación de un conocimiento oficial
a distribuir desigualmente a través de la superposición de viejos y nuevos dispositivos. En algunos casos, será el mercado el ocupado
de esta distribución. En otros, el Estado podría ser convocado a
garantizar una educación básica para los más desposeídos.
La apropiación es una dimensión que
es atribuida enteramente a la capacidad
individual. Aquí también hay una larga
tradición en el capitalismo de teorías individualistas que justifican
perspectivas racistas y discriminatorias.
En cada periodo aparecen
intelectuales que difunden bajo nuevos formatos "teorías de los dones", "teorías de los talentos" u
otras variantes que apuntan a
convertir a las víctimas en sus propios victimarios: las posibilidades de éxito
de cada quien dependen de uno mismo.
En síntesis, la mirada neoliberal
profundiza, en el terreno educativo, el mismo rasgo individualista, competitivo
y egoísta que reclama para todas las actividades de los individuos que
integran la totalidad social.
A continuación, sobre estos supuestos, veremos los cambios operados en el Estado, y sus modos de condicionamiento
sobre el funcionamiento de los Sistemas
de Educación Formal.
Capitulo II
El orden capitalista y el estado
2,1.
Relaciones de sociedad, estado y economía
Hablar de
política educativa nos remite a las políticas públicas, y estas a su vez, no
pueden entenderse fuera de la escurridiza noción de Estado (y su: relaciones
con la sociedad y la economía).
En este
sentido, comprender, por ejemplo, el proceso de sanción e implementación de la
Ley Federal requiere unas primeras conceptualizaciones que ayuden a la
interpretación posterior.
En el caso
del concepto de Estado la empresa no es sencilla. Una primera dificultad que se nos aparece es
que el significado del término Estado encierra una complejidad y diversidad de
planos, que suelen existir y desenvolverse imbricada y contradictoriamente.
En una
primera aproximación, señalemos que el Estado constituye una red institucional
y una relación Social que debe entenderse como parle de un bloque histórico
integral, cuyas prácticas y agentes están imbricados con otras esferas o
momentos de la vida social: la economía, la sociedad, la cultura, etc.
La idea de
tomarlo como una entidad separada del resto obedece a una decisión
metodológica, pero es imposible pensar la configuración y la dinámica del
Estado, sus instituciones y sus agentes al margen del proceso histórico que va
moldeando el orden social.
De hecho,
muchas de sus transformaciones constituyen una respuesta a cambios que se
producen en el nivel estructural del capitalismo.
La
reestructuración del capital ocurrida en los ochenta fue el marco y motor de
los cambios operados en los Estados nacionales y en la relación entre Estados.
Este
concepto, pues, debe comprenderse como parte del todo social y, en sí mismo,
involucra dimensiones o niveles distintos, que expresan distintas lecturas y
diversas herramientas de abordaje.
Aquí sólo
enunciaremos –ya que su tratamiento en profundidad excede los límites de este
trabajo- la existencia de un primer nivel de análisis que remite a la idea de
Estado como Estado de clase y como relación de dominación.
El Estado es
un espacio social (que involucra unas prácticas, unas estructuras, unas regulaciones,
unas instituciones, unos actores) que produce y reproduce desde una
lógica específica el orden social capitalista.
Y su lógica específica tiene que ver con sus metas consistentes en,
antes que nada, asegurar la acumulación de capital; y, en segundo término,
legitimar el orden capitalista.
Estas dos tareas –asegurar la acumulación de capital y la legitimidad del orden-
ponen en tensión la direccionalidad de las prácticas y los discursos que
confluyen en su interior y en su relación con el todo social. En esta perspectiva, parece claro
que, mientras estemos hablando del orden capitalista –y más allá de
las tensiones y contradicciones operantes-, la direccionalidad más fuerte
remite a garantizar el funcionamiento de dicho orden con el menor grado de
conflictividad posible. También es claro
que el capitalismo, como orden estructural, reconoce distintas modalidades
de desenvolvimiento, diferencias que, en ocasiones, están lejos de ser meros
formalismos[20].
El
Estado capitalista es portador de una autonomía relativa que parece sobrevolar,
y a veces contradecir, los intereses de los capitalistas individuales. Esta autonomía relativa permite articular
acumulación y legitimación del orden en el largo plazo histórico. Las quejas sectoriales o de empresarios
individuales contra las medidas tomadas por el Estado reflejan esta situación:
el Estado
capitalista debe administrar el conflicto no sólo entre las clases antagónicas sino al interior de la propia clase
dominante, saldando a favor de ciertas fracciones y en detrimento de
otras las regulaciones y fuerzas que definen la
distribución de la riqueza, el poder y el conocimiento.
Deberá
analizarse cómo ocurren estos procesos a la luz de las mutaciones
ordenadas bajo la hegemonía neoliberal en que se privilegió el desmantelamiento
de los Estados capitalistas benefactores (con diverso grado de éxito según las
latitudes), y su reconversión como Estados penales a la vez que gerenciadores
del bloque dominante[21].
Un
segundo nivel de análisis remite a la idea de Estado como red institucional
mediadora del conflicto entre las fracciones de la clase dominante y entre las
clases sociales en una sociedad determinada.
Es un nivel más concreto y presupone la constitución de un verdadero
comando de operaciones del funcionamiento del orden, a la vez que caja de
resonancia del conflicto social.
Se
trata de una institucionalidad que funciona bajo formas particulares de regulación,
que instala ciertos dispositivos, discursos y prácticas, y que plasman en lo
cotidiano las funciones asignadas al aparato burocrático estatal, atravesada
por una multiplicidad de pugnas.
Un
tercer nivel, complementario del segundo, es el lugar y la perspectiva de los
sujetos que participan del proceso de toma de decisiones, o que son destinatarios de dichas
decisiones, así como las dinámicas que se generan en el seno del escenario
económico, político y social articulando complejamente a gobernantes y gobernados, a gestores y beneficiarios, a funcionarios
y usuarios, a gerentes y clientes.
Esto
nos parece importante de resaltar ya que ubicamos a la política educativa en
los tres planos complementarios, y trabajaremos intentando explicar el modo por
el cual, a través de medidas, discursos, dispositivos, prácticas y estructuras se van
modificando dinámicas en el sistema educativo, en las instituciones y, presumiblemente, en las propias prácticas
pedagógicas (si bien dichas
cuestiones no serán materia de análisis en este trabajo) acorde a la reestructuración
del capitalismo en todos sus niveles.
Comprender
las políticas educativas implica, pues, comprender al Estado, y al
conjunto de las políticas públicas de las cuales dicha política educativa es
una parte. Poder ver las tensiones y
disputas, así como su direccionalidad central nos permitirá ver los viejos y
nuevos modos de dominación como también las continuidades y rupturas
ensayadas desde el amplio campo de la contestación.
Tener presente el
primer nivel de análisis de lo estatal como parte dé una organización social clasista nos previene de la ingenuidad de
distintas perspectivas
educacionistas, para las cuales la clave para superar todos los problemas es la educación (como si los
educadores, los programas, los conocimientos,
el saber, el poder, las instituciones estuviesen por encima de las
construcciones hegemónicas de la clase dominante). Los otros dos niveles nos permiten comprender al Estado como relación
social y terreno de lucha, abriendo
una vía que a la vez disputa la direccionalidad dominante que en este
caminar va construyendo trabajosamente marcas para otro futuro posible.
Desde
esta perspectiva dialéctica, nos parece posible ahora volver a analizar el
predominio de las propuestas de la Nueva Derecha en las novedades introducidas
por el gobierno, y desde la gestión del Estado, bajo el período que estamos
revisando.
A
lo largo de los noventa –como parte de un proceso que se inicia en los
setenta- se procesaron en Argentina y en el mundo capitalista profundas mutaciones en las relaciones
entre Estado, economía y sociedad que deben verse como parte de la instalación
y consolidación del orden neoliberal.
En
el siglo XX se
produjeron dos cambios trascendentes en los modos de articulación de estas
tres esferas, como respuestas a sendas crisis del orden capitalista. Frente a la inviabilidad del capitalismo de libre
concurrencia en las primeras décadas del siglo, la alternativa que construyó la clase
capitalista[22] fue
el capitalismo democrático o de bienestar.
En los años setenta, el orden previo se transfiguró como
capitalismo neoliberal.
Estos
fenómenos tuvieron –y no podría ser de otro modo- impacto en la esfera
de la educación formal. Frente a las
tradiciones en Argentina de una educación pública estatalista aparece la
alternativa neoliberal que combina asistencialismo y mercado en el marco de una
dinámica estructural, cultural, social y política en que el Estado desarrolla
nuevas estrategias para orientar su doble función de garante de la acumulación
de capital y red institucional legitimadora del orden[23].
Frente
a las nuevas realidades, los relatos nostálgicos que reclaman la idea
sarmientina de una identidad entre educación pública, popular y estatal suenan como discursos de difícil
concreción.
¿Cómo
pedirle a un Estado que implemento un verdadero genocidio político y
social, contemplaciones con la niñez y la juventud (sin contar aquí a la
amplia franja de la adultez vulnerable) que sostenga un proyecto educativo al servicio de las mayorías
sociales?
Estos
sectores fueron, de modo sistemático y masivo, privados de los derechos
materiales y simbólicos más elementales que hacen a una democracia sustantiva
(y, por tanto, no capitalista; más aún, resueltamente anticapitalista).
Por otro lado,
¿cómo no hacerlo cuando fue el Estado la vía histórica para ampliar la democracia educativa, o, para ser más exactos, para
reducir las desigualdades educativas e incrementar las oportunidades de
acceso, permanencia y egreso de crecientes
sectores populares?
La reivindicación
nostálgica del pasado es un recurso legítimo, pero, a la larga, inconducente para resolver la construcción de una educación
democratizada. Las nuevas realidades en
un mundo en tránsito nos hacen actuar defensivamente, inclusive en el plano de las categorías, y reivindicar a
menudo pasados que fueron menos
infelices que este presente.
Lejos
de entender el escenario actual como una invitación a la parálisis, pretendemos
en este apartado reflexionar sobre alguna de las mutaciones del Estado
capitalista, explicar los nuevos dispositivos y modos de dominación; y
descubrir las novedades de la contestación que resiste y se anima a construir
contra-hegemonía. En el plano de la
política y también de la propia política educativa.
2.1.1. Mutaciones a lo largo del siglo XX
Señalamos
con Pablo Pozzi[24]
que, frente a las teorías del derrumbe inexorable del sistema, el
capitalismo viene demostrando una notable capacidad de reacomodamiento: sus
sectores más lúcidos operaron transformaciones de fondo dentro del mismo sistema para
mantenerlo y hacerlo sobrevivir.
En
consecuencia resulta útil tratar de pensar nuevas herramientas conceptuales
para empezar a trabajar la idea de que el capitalismo no morirá tal vez por sus
propias contradicciones, como hasta el agotamiento se ha proclamado, sino que
contiene en su esencia una enorme capacidad de reconversión a fin de garantizar
sistemáticamente el beneficio, por lo que se hace necesario comprender la
capacidad de transformación que le es propia[25].
Se
trae aquí el concepto de "estructura social de acumulación", acuñado por
Gordon, Edwards y Reich, que, centrado en el análisis de la ganancia (como
categoría central de la economía capitalista), intenta ocuparse de fenómenos más
abarcativos en una perspectiva multidimensional de la realidad total del orden burgués.
Frente
a las lecturas unidimensionales, recuperamos la idea de que
…
el problema en lo sustancial es social.
Esto es, el capitalismo no es una fórmula mágica aparecida como
consecuencia de una abstracción lejana e intocable llamada contradicciones del modo de producción, sino un paso más en la
fórmula generada por los que 'tienen' para garantizar que los que 'no tienen'
sigan no teniendo a fin de que los que 'tienen' sigan teniendo, conforme el
desarrollo de las condiciones reales de existencia[26]…
Va
de suyo que, si estas afirmaciones se refieren a la riqueza, tanto el saber
como el poder confluyen en una misma lógica de privar a los más para que los menos sepan, tengan y
gobiernen.
Las
readecuaciones del Estado se operaron tanto en las reorientaciones del discurso
como en las políticas públicas y en su dinámica interna de funcionamiento.
Las
tensiones de todo Estado capitalista, entre el aseguramiento de la acumulación
de capital y la legitimación del orden vigente, adquirieron en es te periodo dinámicas
particulares.
La
constitución del Estado en una verdadera “junta de negocios de la burguesía"
–así definido por Marx para el siglo XIX
y
en líneas generales válido
para la direccionalidad del neoliberalismo a fines del siglo XX e inicios de XXI- lo constituye en un actor
central para el logro de ganancias ordinarias
y extraordinarias a favor de minúsculos grupos empresariales. Este fenómeno tuvo como contrapartida de un inédito nivel de exclusión social, un
incremento notable en la brecha
entre ricos y pobres, la extensión masiva del desempleo y, con ello, la
emergencia de nuevos conflictos sociales.
Bajo
la retórica programática del Consenso de Washington[27], se
señalaba la
necesidad de la apertura económica, la flexibilización, el equilibrio fiscal,
las privatizaciones, etc. De todos estos
mandatos, asistimos a cumplimientos
parciales, cumplimientos que ocurren en favor del capital y en detrimento de los sectores mayoritarios. Este recetario, cabe agregar, fue diseñado
y propuesto para los países subordinados, no para los países capitalistas desarrollados.
Por
mencionar un ejemplo, la apertura económica no fue una fórmula adoptada
por los países más poderosos de la tierra, quienes, en aquellos rubros en los
que podían ser emulados por los países subordinados, desarrollaron estrategias
de subsidios: el caso paradigmático es el de la producción agrícola[28].
Otras
ideas tuvieron un avance más significativo en todas las latitudes, si bien los
grados heterogéneos de resistencia de la clase subalterna cristalizaron
distintos grados de implementación de estas reformas. En los países cuya clase subalterna era
portadora de un mayor grado de organización, tradición y disposición
a la lucha, las medidas neoliberales lograron menos extensión y profundidad. Veamos algunas de ellas, y su articulación
con la educación.
La flexibilización[29],
entendida como precarización del trabajo, se aplicó de modo coherente y sistemático.
Esta medida estuvo orientada a disciplinar la mano de obra a la vez que profundizar la extracción de plusvalía
para los empresarios
individuales. De modo directo e indirecto,
estas mutaciones tuvieron incidencia en los sistemas educativos. Las relaciones entre el mundo de la
producción y el sistema educativo se configuraron en los noventa de un modo
profundamente regresivo. Frente a las
demandas de articular educación y empleo, el neoliberalismo desarrolló una
dinámica original. Por un lado, el
sistema educativo colaboró en este punto adecuándose a los requerimientos de
las empresas (al menos el reconocimiento de que la educación debía formar seres
humanos empleables), y los
dispositivos de formación para el empleo,
vía pasantías educativas, configuraron un notable recurso para avanzar en la
precarización de las condiciones laborales.
Simultáneamente, varias de las víctimas del desempleo beneficiadas con los planes asistenciales
cumplían tareas en las escuelas. La
curiosa –por renovada- sociedad entre la educación sistemática y la acumulación
de capital se daba así en una doble dirección: de las escuelas proveyendo mano
de obra cuasi esclava (y facilitándole a las empresas la expulsión de
trabajadores con contratos por tiempo indeterminado, que fueron reemplazados
por pasantes) y, de los segmentos más bajos del mercado laboral –desempleados
con planes sociales-, se proveía a las escuelas de personal auxiliar
facilitando la reducción presupuestaria (ya que, como todos se imaginan, el
subsidio de un plan social es significativamente más barato que el pago que
corresponde a un nombramiento efectivo como empleado del Estado). La férrea dictadura del capital y el objetivo
supremo de maximizar la ganancia tuvo expresión en las reformas laborales
–legales y de facto- que dieron legitimidad al deterioro de las condiciones de
trabajo de la mayor parte de los asalariados.
El equilibrio fiscal y su correlativo
llamamiento a la reducción presupuestaria fue entre nuestros países, a lo sumo,
una expresión hipócrita de la retórica oficial.
El desmantelamiento de las instituciones del capitalismo de bienestar,
lejos de significar un recorte del gasto –a tono con las exigencias de los
Organismos Financieros Internacionales- fue complementada con la creación de
nuevas instituciones funcionales a la implantación del neoliberalismo vernáculo
y el refuerzo de las redes institucionales represivas y asistenciales. La contracara de la destrucción de una
sociedad menos desigual fue el abordaje de las nuevas fracturas sociales a
través de la caridad y la represión. En
el plano educativo se dio un fenómeno paradojal: hubo incrementos en el
financiamiento, si bien estos fueron afectados a la implementación de la
Transformación Educativa neoliberal. En
un sentido, se operó a contramano de las recomendaciones orientadas al ajuste
estructural (vía achicamiento presupuestario) aumentándose los montos
presupuestarios. Por otro lado, se operó
un deterioro sistemático de las condiciones laborales de los trabajadores
docentes, una de cuyas expresiones fue el congelamiento salarial y el
cercenamiento de los derechos contenidos en los Estatutos docentes. Así se operó una curiosa dinámica de
expansión relativa del gasto público educativo, pero orientado a la
implementación de la reforma (y sus expertos, costos editoriales, consultorías,
compras de equipamiento, negocios inmobiliarios para infraestructura) en
detrimento de los educadores.
Finalmente,
las privatizaciones se cumplieron en toda la región. Este proceso generó un
inédito y espectacular mecanismo de transferencia de ingresos hacia el sector
privado a través de la cuestionada venta de activos nacionales, producto del esfuerzo de
generaciones precedentes en nuestros países.
Veremos
a continuación algunas de las mutaciones en el Estado (neoliberal),
que nos permitirá visualizar en qué medida la Transformación Educativa fue
coherente con el modelo y con el resto de las políticas públicas, señalaremos algunas especificidades
de la política educativa del período.
Del Estado de Bienestar al Estado
penal/asistencial
Como se
señaló previamente, el neoliberalismo se configuró como ideología, proyecto y
política de relevo del capitalismo democrático que había organizado las
relaciones inter e intra-capitalistas entre mediados del treinta y mediados del
setenta.
La disolución entre
fines del ochenta e inicios del noventa del bloque del socialismo real y la
Unión Soviética aceleró la difusión de un nuevo sentido común que se
legitimaba reivindicando el fin de la historia, y el triunfo
final de la fórmula de mercado y democracia, visión promovida por
EE.UU., el contendiente victorioso de la
guerra fría[30].
Como
cualquier práctica histórica y social, en el desarrollo de imposiciones y
resistencias se fue avanzando, así, hacia un predominio indiscutido de las
perspectivas culturales, políticas y económicas de la Nueva Derecha, una alianza
remozada de fundamentalistas de mercado con nuevos y viejos conservadores
que generaron e instalaron formas violentas de disciplinamiento social.
El
arsenal ideológico de los intelectuales orgánicos neoliberales es construido
como nuevo sentido común, justificador de presuntas prácticas individualistas y
competitivas, la reestructuración de la vida social hacia la lógica
mercantil, la privatización de los espacios públicos y un juego de desvalorización
de lo estatal en la voz de los propios funcionarios estatales.
En
este contexto, el Estado fue redefiniendo sus funciones, sus políticas, sus prioridades, los fines,
criterios y destinatarios de los recursos disponibles, así como su propia composición interna, alineado en propuestas
de ajuste y descentralización de
funciones sociales (hacia instancias estatales menores o hacia la privatización directa o indirecta de funciones y
estructuras), complementado con estrategias de recentralización del poder y
fortalecimiento de diversas funciones.
Los ideólogos neoliberales
convergieron con un movimiento global de cuestionamiento de los Estados benefactores, instalando la categoría de
ingobernabilidad elaborado por la Comisión Trilateral al inicio de los
setenta como un axioma indiscutible.
La idea de que el Estado no podía
seguir asumiendo prácticas redistributivas
hacia abajo porque incentivaba la irresponsabilidad individual, la idea
de que cada quien construía su propio destino –y por lo cual cada uno tenía lo
que se merecía-, la idea de que el Estado debía dedicarse a administrar el
adecuado funcionamiento del Mercado, propiciando el programa de privatizaciones,
ajuste fiscal, flexibilización laboral, apertura económica, constituyó el
caballo de Troya filosófico y
político sobre el que avanzó el neoliberalismo dejando su estela de reproducción ampliada de la desigualdad cultural,
política y económica.
Las ideas dominantes, justificatorias del egoísmo y el fundamentalismo de mercado, fueron el sustento de políticas
económicas y sociales que instalaron
un escenario social sustancialmente divergente del período previo de Estado
benefactor.
El capitalismo democrático,
sustentado en la legitimidad que prometí una igualdad[31],
era reemplazado desde los setenta por una nueva propuesta gubernamental cuya retórica, en esencia, promulgaba
los principales enunciado del
neoliberalismo.
La presunta competencia entre agentes
libres que compraban y vendían de
modo voluntario múltiples bienes y servicios en un mercado idealizado
internacional y nacional se organizó como una gigantesca red de negocios entre un
polo privilegiado y los representantes políticos que organizaban políticas de seducción del capital, atrayendo inversiones a través de medidas
atractiva para las ganancias fáciles
y, en algunos resonados casos, ilegales.
La libertad de
mercado se estructuró como una
dictadura del capital financiero, y al cabo de casi treinta años el mundo y nuestros países revelan una y otra vez
los resultados de este pacto de impunidad y negocios.
El desprecio por la vida, la
libertad y los más elementales derechos ciudadanos de las mayorías sociales en nombre de la libertad de comercio,
la imposición de una dinámica de
competencia sustentada en un poder político dócil a los mandatos del capital financiero, la devastación de la
naturaleza por las formas de
explotación indiscriminada de las riquezas que a todos nos pertenecen y
la estructuración de un orden imperialista agresivo protagonizado por Estados
Unidos están siendo causa de un profundo deterioro social y ecológico, y ponen
en riesgo como nunca antes la continuidad de la especie humana en el planeta.
Curiosamente
los neo-derechistas se configuraron como agentes del cambio y las
organizaciones populares que pudieron resistir lo hicieron desde la
reivindicación más bien nostálgica del pretérito –y fenecido- capitalismo de
bienestar que rememoraba una sociedad más integrada y menos desigual en la
orquesta de las naciones latinoamericanas.
Dos estrategias de resistencia frente a las novedades de la dominación
constituyeron el arsenal defensivo de los sectores populares: la negación sin
fundamento del nuevo orden y, en el mejor de los casos, la reivindicación
nostálgica de ese pasado bueno[32]. El cambio neoliberal, justificado por los
intelectuales orgánicos de la Nueva Derecha como parte de tendencias
globalizadoras inevitables, era el prolegómeno de nuevas y viejas pobrezas.
La ampliación
en la brecha de la riqueza es reflejada en los cuadros estadísticos oficiales
de, prácticamente, todos los países de la región. El potencial explosivo de la nueva
configuración neoliberal fue abordada desde una estrategia muy distinta a la
operada durante el capitalismo de bienestar.
Si antes se apuntaba a la distribución progresiva del ingreso, la salida
actual se enfocaba hacia la criminalización de la pobreza y el conflicto
social.
A tono con
otras geografías, el lugar de la igualdad que prometían las instituciones del
capitalismo democrático era ocupado ahora por el lugar de la naturalización de
la miseria y la exponencial multiplicación de las instituciones represivas.
El Estado
Benefactor fue sucedido, así, por un Estado neoliberal que ensayó dos
estrategias simultáneas. Por un lado, la
lógica de la represión creciente del conflicto social reconfigurando un
verdadero Estado Penal. Por otro, la
contención hasta donde fuera posible de los efectos sociales de descomposición
y fragmentación de las mayorías sociales a través de políticas focalizadas para
la contención de la pobreza.
Este proceso
se montó sobre un gigantesco operativo cultural de dimensiones planetarias
orientado a la individualización reaccionaria de la sociedad. La idea enunciada por Peter Druker –“la
sociedad ya no salva"- o, de modo más brutal, por Margaret Tatcher –“la
sociedad no existe"-[33]
configuran un llamamiento a la responsabilidad individual por los éxitos y los
fracasos de cada quien. La adopción de
estos valores fue el trasfondo cultural y político sobre el cual se operaron
cambios sustantivos que hicieron de nuestras sociedades lugares de cárceles y
palacios.
El Estado penal.
Las visitas a
Buenos Aires de William Bratton en los noventa, se enmarcaron en la campaña
vernácula (en convergencia con intereses de los Estados Unidos), para reafirmar
a Nueva York y su "tolerancia cero" como Meca de la Seguridad y
expresión de una propuesta basada en medidas policiales ultra-represivas[34].
Bratton
brindó un inestimable apoyo a las tesis neoliberales que intentaban separar el
delito de condiciones sociales de desigualdad y pobreza. Este duro funcionario policial, había
afirmado:
…
con magnífico aplomo (...) que ‘la desocupación no está relacionada con el
delito’. En el nuevo milenio va aún más
lejos y, con la experiencia que le dan tres años escasos pasados a la cabeza de
la policía de Nueva York, barre con una frase los resultados de décadas de
investigación: ‘La causa del delito es el mal comportamiento de los individuos
y no la consecuencia de condiciones sociales’.
América Latina es hoy la tierra de evangelización de los apóstoles de
‘más Estado’ policial y penal, como en las décadas de setenta y del ochenta,
bajo las dictaduras de la derecha, había sido el terreno predilecto de los
partidarios y constructores del ‘menos Estado’ social dirigidos por los
economistas monetaristas de América del norte’.[35]
La
“Tolerancia Cero" fue el nombre que se le dio a una concepción de
seguridad estructurada bajo estos cánones de culpabilización de excluidos por
la vía de la responsabilidad individual.
Su eficacia,
por un lado, fue cuestionada al sostener un informe de la Oficina de Derechos
Cívicos del Ministerio de Justicia de Nueva York que la política policial sólo
pudo sostenerse al precio de escarnecer “los derechos civiles más elementales
de los neoyorkinos, negros y pobres, en primer lugar el de circular libremente
sin ser detenidos, cacheados y humillados en público de manera arbitraria"[36]. Los datos expresados en dicho informe son
concluyentes: los seres humanos de tez oscura representan el cincuenta por
ciento de las personas demoradas en 1998, cuando constituyen el 25% de la
población de esa ciudad norteamericana. Cuatro de cada diez arrestos, se afirma allí,
carecen de justificación clara.
Una segunda cuestión es el alcance
de la Tolerancia Cero. Como señala el
criminólogo Adain Crawford:
El concepto de 'tolerancia cero'
es una designación errónea. No implica
la rigurosa aplicación de todas las leyes, que seria imposible –por no decir
intolerable- sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra
determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde
está la 'tolerancia cero' de los delitos administrativos, el fraude comercial,
la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En
realidad, sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas en nombre de la 'tolerancia cero'
como estrategias de 'intolerancia
selectiva'.[37]
Va de suyo que esta afirmación de la “tolerancia cero selectiva",
válida para EE.UU. –país autoproclamado
gendarme de los derechos civiles y "faro mundial de la democracia de mercado"-, se registra con un nivel
mucho más arbitrario en nuestros países, en donde una “justicia de
amigos" aseguró la impunidad de delitos
de toda laya entre los funcionarios públicos y los empresarios asociados.
Los ghettos de la miseria, encerrados entre los fuegos oficiales
y privados, fueron sacrificados en el altar
del delito y condenados al miedo y la violencia.
Estos procesos, registrados de la dictadura para aquí, implican un modo
particular de actuación del Estado.
Una tarea pendiente es la reconstrucción,
… eslabón por eslabón, (de) la
larga cadena de las instituciones, agentes y soportes discursivos (...) por la cual el nuevo sentido
común penal que apunta a criminalizar
la miseria –y por está vía, a normalizar el trabajo asalariado precario- concebido en los Estados Unidos,
se internacionaliza en formas más o menos modificadas e
irreconocibles (...)
a semejanza de la
ideología económica y social basada en el individualismo y la mercantilización, de la que es, en materia
de 'justicia', la traducción y el complemento.[38]
La articulación que el autor
establece entre la criminalización de la pobreza y la naturalización del
empleo precarizado –ambos movimientos acordes
a los intereses del capital y fuertemente desarticuladores del bloque
subalterno- permiten comprender la lógica de la mano dura como el
complemento en el plano de la
“administración de justicia" de un modelo que reformuló las relaciones sociales en un sentido plenamente
funcional a los intereses de las oligarquías financieras. Wacquant entiende que este proceso de
difusión universal de la "tolerancia
cero" corresponde, primero, a una imbricación de fondo entre dualización
social, represión y responsabilización individual como relaciones estructurales y sustantivas de un
capitalismo depredatorio. Pero, en segundo término, a lo que él denomina una
“operación planetaria de marketing ideológico”.
Wacquant ubica el origen de esta
construcción de un sentido común entre
las décadas del setenta y del ochenta, que a la vez que reclamaba un verdadero
“Estado Mínimo”[39]
popularizaba discursos y dispositivos para reprimir desórdenes ocurridos en los márgenes
sociales. Con los aportes pioneros de Popper, Hayek y Friedman, los setenta son testigos
de fuertes cuestionamientos al gasto social para pobres e indigentes, opinión
centrada en que dichas erogaciones fomentaban la degeneración moral de las
clases populares. Se destaca como un personaje relevante de este proceso la
intervención del politólogo Charles Murray y más tarde el psicólogo Richar
Herrnstein, creadores del libro The belle Curve: Intelligence and Class
Structure in American Life, un
… auténtico tratado de racismo
académico (...) que sostiene que las desigualdades raciales y de clase en
Estados Unidos reflejan las diferencias individuales de 'capacidad cognitiva'.
Según The Bell Curve, el coeficiente intelectual determina no
sólo quien ingresa en la universidad y tiene éxito en ella, sino además quién queda desocupado o se hace millonario, quién
vive en los sacramentos del matrimonio y no en una unión libre (...),
si una madre cría como es debido a sus hijos o los descuida, y quién cumple a
conciencia sus deberes cívicos. (...)
Como cabía esperar, el Cociente Intelectual
rige igualmente la propensión al crimen y a la cárcel: uno se convierte en criminal no porque padezca privaciones
materiales (deprived) en una sociedad no igualitaria, sino porque
sufre carencias mentales y morales (depraved).
De este modo la nueva derecha norteamericana crea una santísima trinidad a medida: libre mercado, responsabilidad
individual y valores patriarcales.
La "teoría de la ventana
rota" es la coartada para legitimar procesos crecientemente represivos, haciendo de los
pequeños delitos la antesala de los delitos más grandes. Según esta perspectiva ultra conservadora era
preciso reprimir cualquiera de estas
transgresiones duramente desde el inicio, pues quien hoy rompe una ventana, es sin duda un asesino en potencia. En rigor, lo cierto es que esta teoría que no fue comprobada empíricamente aunque,
propagandizada y convertida en
sentido común, justificó medidas de aumento de la dureza de las penalizaciones (eufemísticamente legitimada dada la inseguridad reinante).
El endurecimiento de las sanciones
estuvo dirigida básicamente contra los
sin techo y aplicada sobre infracciones menores como ebriedad, ruido, mendicidad, atentados a las costumbres, a los
fines de calmar la creciente ansiedad de las capas medias y altas.
El círculo –que aquí operó en un
sentido análogo- era inexorable: del incremento
de la pobreza como consecuencia de las políticas económicas, se incrementaba
tanto el conflicto social como la delincuencia que por su parte era
crecientemente reprimida por instituciones estatales.
La derecha estadounidense, nos dice
Wacquant, propicia y exporta la idea de que
… el Estado debe volver a tomar en sus manos (de
hierro) a los 'malos pobres' y corregir sus
comportamientos mediante la reprobación pública y el agravamiento de las
coacciones administrativas y las sanciones penales.[40]
Esta concepción encuentra en el
politólogo Murray un inestimable agente
de transmisión. En Europa se admiten
–incluso de parte de los partidos políticos históricamente comprometidos con
los sectores populares- las visiones
norteamericanas de estigmatización de la pobreza. La periodista de The Guardian,
Madeleine Bunling, describe en un articulo titulado “Impedir que los pobres vivan a nuestras costillas" los
aportes invalorables de Murray. La
noción de underclass se instala como
parte del lenguaje político y del propio sentido común, con su estela de amenaza sobre la existencia de la
propia cultura occidental[41].
Lawrence Mead, politólogo
neoconservador de la Universidad de Nueva
York, viene a completar una línea de razonamiento que se extiende del peligro social de los pobres a las justificaciones
del trabajo precario. En su perspectiva,
los programas de bienestar no lograron reducir la pobreza –más bien lo
contrario- no (sólo) porque fueran demasiados generosos, según argumenta Murray, sino porque eran demasiado permisivos y
no imponían obligación alguna a sus beneficiarios:
Puesto en claro, el trabajo
asalariado de miseria tiene que elevarse al rango de un deber cívico (en
especial, disminuyendo la posibilidad de subsistir al margen del mercado de empleo no
calificado), sin lo cual no encontrará quien lo acepte.
Justo diagnóstico, Mead tiene el mérito de ver y hacer ver que la
generalización del trabajo precario, que algunos presentan como una 'necesidad
económica', lamentable, en verdad, en ciertos aspectos, pero ideológicamente neutral y en todo caso materialmente
ineluctable, se apoya en realidad en el uso
directo de la coacción política y participa de un proyecto de clase.
Ese proyecto exige no la destrucción del Estado como tal para
sustituirlo por una especie de Edén liberal del mercado universal, sino el reemplazo del Estado providencia
'maternalista' por un Estado punitivo 'paternalista', único capaz de
imponer el trabajo asalariado desocializado como norma societal y base del
nuevo orden de clases polarizado.[42]
Estos programas paternalistas
proporcionarían a los pobres un marco directivo que debe permitirles
“vivir de manera constructiva”. Las dos poblaciones
objetos de estas políticas son los receptores de ayuda sociales –los indigentes-
y los usuarios del sistema de justicia penal. Hay aquí, para Mead, una necesidad de “más Estado" en un doble plano penal y social,
pero con la condición de que los programas sociales funcionen como elemento
penal disfrazado, instrumentos de vigilancia y disciplinamiento de las masas
empobrecidas, que los remita de la
asistencia al penal en caso de “flaqueza moral".
La política social que apuntaba a la
meta de reformar la sociedad en el capitalismo democrático, ahora viene a
cumplir un rol bien distinto: vigilar la vida de los pobres.
La concepción neoliberal contribuye a
este replanteo, ya que si los móviles de la pobreza no obedecen ya a
causas históricas y estructurales, sino a la
competencia e incompetencia de cada individuo, lo que debe hacerse es cambiar
el comportamiento individual y no la sociedad.
La síntesis de la reconfiguración
del Estado capitalista es bien resumida por Wacquant cuando afirma en
una entrevista de enero del 2000 que:
La mutación política en que se inscribe esta
transición podría resumirse en la siguiente
fórmula: borramiento del Estado económico, achicamiento del Estado social,
fortalecimiento del Estado penal, pues estas tres transformaciones están
ligadas entre sí y son, en lo esencial, la resultante de la conversión de las
clases dirigentes a la ideología neoliberal. (...) Mano invisible del mercado y puño de hierro del Estado se
conjugan y se completan para lograr
una mejor aceptación del trabajo asalariado desocializado y la inseguridad social que implica. La prisión vuelve al primer plano[43].
Así puede verse la distancia entre
el Estado keynesiano y el Estado neo-liberal:
… un Estado keynesiano vector de
la solidaridad, cuya misión era contrarrestar los ciclos y los perjuicios
del mercado, asegurar el 'bienestar' colectivo y reducir las desigualdades, es sucedido por un Estado darwinista, que
eleva la competencia al carácter de fetiche
y celebra la responsabilidad individual, cuya contrapartida es la
irresponsabilidad colectiva, y que se repliega en sus funciones residuales de mantenimiento del orden, en sí mismas hipertrofiadas. Así, pues, la utilidad del aparato penal en
la era poskeynesiana del empleo inseguro es triple: sirve para disciplinar a
los sectores de la clase media reacios al nuevo trabajo asalariado precario en
los servicios; neutraliza y excluye a sus elementos más disociadores o a los
que se consideran superfinos con respecto a las mutaciones de la oferta de
empleo, y reafirma la autoridad del Estado en el dominio restringido que en lo
sucesivo le corresponde.[44]
El Estado asistencial
El
neoliberalismo no sólo instaló una cultura individualista y de la
responsabilidad individual (en paralelo con las estrategias de mercantilización
de la vida social): las políticas públicas tuvieron como resultado el aumento
de la desigualdad y de la miseria material y simbólica de los sectores sociales
mayoritarios.
El cuadro se
convirtió en aterrador. Mientras la
mayoría de los habitantes caía con más o menos velocidad por el tobogán de la
pobreza, perdiendo todo o casi todo lo que habían logrado en décadas de
esfuerzos y luchas, portadores de una subcultura del éxito, la ostentación y el
consumo se difundía por los más diversos canales de la comunicación oficial.
El contraste
brutal entre los llamamientos comerciales en términos de “hace la tuya” y
“compra, compra...” y las realidades de múltiples carencias fue sin duda un
motor potente para el incremento de la conflictividad social y de la delincuencia,
especialmente juvenil.
Los primeros
sujetos de la educación –la niñez, la adolescencia y la juventud- fueron
perversamente convidados a una mesa a la que tenían prohibido el acceso. Y la violencia estructural del desempleo y la
pobreza que sufrían sus mayores constituían el círculo espiralado de la
descomposición social y la falta de futuro.
La consigna "no hay futuro" fue, en los noventa, coreada con
la convicción de la certeza en los recitales juveniles por las algunas de las
víctimas más vulnerables: los adolescentes.
Y hasta ahora, debemos decir, presente y futuro han sido
sistemáticamente negados a las mayorías populares, y especialmente a sus niños
y jóvenes.
Las luchas de los desocupados[45]
–inauguradas en los noventa- instalaron
en la agenda de gobierno la problemática de la exclusión. El movimiento puesto en marcha, la
emergencia de los desaparecidos sociales, condenados por las políticas neo-derechistas iniciadas,
fueron cooptados por los gobiernos latinoamericanos a través de redes clientelares
de planes sociales, siempre insuficientes
para paliar las necesidades siempre urgentes de amplios sectores de la
población. Estas concesiones arrancadas con movilización fueron acompañadas por la
demonización de los que se negaban a seguir resignados frente al genocidio
neoliberal.
Pero además,
sazonado con la ideología de la responsabilidad individual, los noventa fueron
caja de resonancia cíe las más notables teorías que justificaban lo existente y
devolvían a cada quien la suerte de su destino.
Toda esta
retórica promotora de la individualización de lo social tuvo su contrapartida
en materia de políticas sociales. Contra
la tradición del capitalismo democrático –más discursiva que real- de unos
derechos sociales susceptibles de ser universalizados, ahora se atendía de modo
focalizado a quienes caían por debajo de la red, quienes eran incapaces –por su
propia impericia- de sostener su propio destino. Las políticas focalizadas tienen, así, un
sesgo estigmatizante que culpabiliza a la víctima, la convierte en única
causante de sus males.
Judicialización
de la pobreza, criminalización de la protesta, tolerancia cero para los
míseros, focalización de la atención a los nuevos tutelados fueron la guía de
acción de los gobiernos neoliberales en materia social para dar una respuesta
–enteramente reaccionaria- a los males que las políticas económicas
neoliberales habían amplificado.
La educación
tuvo en este esquema un lugar preponderante.
Pese al discurso de la calidad
educativa para todos, la realidad de las escuelas transitaba por otras
urgencias, a las que el Estado y su Transformación Educativa dedicaron
importantes recursos.
Veremos a
continuación los cambios en los modos de
gestión del Estado según la perspectiva de la Nueva Derecha.
La reconversión
del Estado de Bienestar al Estado Penal, y su contracara de Estado Asistencial
requirió, por su parte, una serie de reestructuraciones en la propia
organización de la administración.
Bajo el
pomposo nombre de “reformas de modernización del Estado"[46] tuvieron
lugar una serie de modificaciones que en casi ninguna ocasión llego a
trascender el fiscalismo (entendido como ampliación de recursos o, más
exactamente, reducción de gastos vía privatizaciones, reducción de personal y
supresión de organismos).
En el caso
argentino,
El
problema fundamental es que las reformas estatales fueron efectuadas en el
sentido de la acentuación do las tendencias do cambio de la estructura social y
no de su atención o compensación: la concentración y centralización del
capital, la redistribución regresiva del ingreso, la destrucción masiva de
puestos de trabajo, pérdida de poder e influencia de los sectores asalariados y
populares en general respondieron en buena medida a procesos de alcance mundial
(...), pero fueron una 'obra' completada y acelerada desde el Estado, por una
decisión conciente de los hombres que tuvieron responsabilidades de gobierno[47].
Según Gambina
y Campione, las orientaciones de las reformas del Estado estuvieron guiadas por
criterios de caja, destinadas en principio a la reducción del gasto
público. El achique sistemático se
combinó con oportunidades de negocios para capitales amigos (locales o
extranjeros) de aquellos terrenos en los que el aparato estatal emprendía su
retirada. En este contexto, las políticas
sociales pierden relieve entre las prioridades del Estado. Mediante estrategias –tampoco novedosas- se
operan mecanismos de desresponsabilización por la garantía de los antiguos
derechos a través de dos mecanismos complementarios.
En primer
lugar, la descentralización a niveles inferiores de jurisdicciones estatales
(en esta etapa, claramente se traspasan actividades de nación a las provincias,
y aparecen ya referencias a propuestas de municipalización y autonomía).
En segundo
lugar, la transferencia de actividades al sector privado.
Mientras la
inacción se justifica por la "teoría del derrame" –según la cual el
crecimiento económico resolverá tarde o temprano el problema de la distribución
de la riqueza- se atiende a una fracción de los sectores más postergados, vía
políticas focalizadas. Estas medidas
asistencialistas, cabe acotar, se implementaron como oportunidades de negocios
y de negociados. La corrupción fue parte
inescindible de este modo de gobierno.
La
desigualdad –obstáculo a remover o cuanto menos a paliar según el programa del
capitalismo democrático- ahora desaparece de la agenda pública. La nueva agenda se piensa, se diseña y se
ejecuta para el tercio más alto de la población.
Entre las
novedades tecno-burocráticas, el saber experto se combina con los negocios
propiciados desde consultoras u Organizaciones No Gubernamentales que se
convierten en pieza fundamental de las nuevas políticas públicas.
2.2. El proceso en Argentina
Nos
interesará ahora analizar cómo el proceso que describimos hasta aquí se
desenvolvió en Argentina.
Nuestro país
y sus representantes fueron un ejemplar modelo de imposición neoliberal, un
verdadero caso de manual. Cabe indicar
que este programa no se introdujo de modo pacífico: mecanismos de
disciplinamiento social y político inéditos se conjugaron para dar lugar a la
metamorfosis.
Este proceso
se inicia en los setenta con el recurso del Terrorismo de Estado y se prolonga
de modo complejo en los gobiernos constitucionales que sucedieron a la
dictadura militar. Sustentadas en la
cosmovisión neoliberal, el Estado en Argentina asumió desde los setenta el
programa de los grupos económicos locales vinculados al capital extranjero,
quebrando las resistencias sociales por medio de eficaces mecanismos de
disciplinamiento social, basados en una represión inaudita cuyo corolario
inmediato fue la consumación de un genocidio.
Las políticas
públicas instaladas a partir de 1976 reordenaron de modo dramático el sentido
las prioridades y los recursos que desde el Estado se implantaron para la
reproducción del renovado orden social capitalista y subordinado.
El esquema se
fundó en la desarticulación del modelo productivo preexistente. En su lugar, una política económica centrada
en las actividades especulativas y agro-exportadoras fue funcional al nuevo
bloque dominante, conformado por la oligarquía local en alianza con las
empresas transnacionales.
El genocidio
perpetrado en los setenta continuó por otros medios una vez recuperada la
vigencia de la Constitución: la hiper-inflación en los ochenta, la
hiper-pobreza y el hiper-desempleo en los noventa y dos mil fueron la piedra de
toque para ahogar modos espontáneos u organizados de resistencia popular[48]
frente a un modelo que consagró al privilegio y la impunidad como política de
Estado.
Las políticas
impuestas mediante el terrorismo de Estado fueron luego sistematizadas en el
Consenso de Washington.
La apertura y
liberalización que puso a la actividad financiera en el centro de la economía
durante la dictadura militar, la profundización de un régimen tributario regresivo y la desestructuración del
modelo productivo preexistente
tuvieron efectos inmediatos como de largo plazo en un escenario social de creciente desigualdad y exclusión. Con el terror como fondo de las políticas económicas dictatoriales, se procedió con
entusiasmo a la creación de una nueva
clase dominante a la par que se avanzó en el disciplinamiento, cuando no en la destrucción, de las
organizaciones populares que fueron protagonistas del período previo:
sindicatos, partidos políticos, el movimiento cooperativo,
organizaciones empresariales pequeñas y medianas, etc.
Otras novedades introducidas por el
gobierno genocida tuvieron una fuerte
incidencia de corto y largo plazo en la reproducción del orden social,
condicionando severamente a las futuras generaciones. Una de ellas fue la estatización de la deuda externa privada (junto al
incremento del endeudamiento estatal para fines nunca explicitados), decisión
que viene condicionando la producción
de la riqueza, y limitando los usos que de los fondos públicos puede llevar a
cabo el propio Estado. Su carácter
fraudulento, ilegal, ilegítimo e inmoral fue denunciado en el ámbito judicial y
reiteradamente cuestionado en distintos espacios públicos[49]. La carga de esta deuda se expresa con todo
dramatismo en los presupuestos
anuales de la Nación, en la salida neta de riqueza nacional, así como en los condicionamientos de política económica que
profundizaron la desarticulación productiva y la catástrofe social en el
curso de casi treinta años de políticas
neoliberales. La política educativa
tampoco fue ajena a estas realidades,
y la reforma debe inscribirse en este marco de relaciones.
Otro elemento confluyentc fue la
creación de un grupo de empresas privadas
contratistas, asociadas al poder dictatorial, que dio lugar a una red oscura de subordinación de intereses públicos a
ganancias privadas. Estas empresas luego fueron protagonistas de los
posteriores procesos de remate, a precio vil, de activos públicos en el
rol de compradores.
Buena parte de la legislación
preexistente fue reformulada, acompañando el proceso de fundación del
nuevo orden. Constituyen ejemplos paradigmáticos la "ley"[50]
de entidades financieras –que constituyó un núcleo central de la
política económica de Martínez de Hoz- así como la poda de la ley de contrato
de trabajo en más de sesenta artículos, anticipando con cierta timidez lo que los sucesivos gobiernos
constitucionales continuaron con más o menos
entusiasmo y decisión.
En efecto, la caída abrupta de la dictadura, luego de una guerra perdida, no significó de ningún modo el agotamiento de
su proyecto político: continuó por nuevos medios (la institucionalidad
constitucional), y se extiende hasta la
actualidad con su secuelas sobre el orden social, y, por lo tanto, sobre el
sistema educativo formal.
En este escenario neoliberal, los recursos correspondientes a aquellos rubros orientados a la cobertura de los derechos
de ciudadanía (salud, educación, previsión social, vivienda, cultura, etc.)
fueron crecientemente restringidos en
los ochenta; y el propio funcionamiento del Estado se reorientó a través de políticas de descentralización,
racionalización del personal y desentendimiento del Estado de
actividades antes concebidas como de su responsabilidad. Dicho en otras palabras: en los ochenta el
poder político institucional democrático fue cediendo de modo creciente
a las exigencias del poder económico
transnacional y local. La estrategia del
retroceso no pudo evitar el traumático final traumático en 1989: un
desborde hiperinflacionario apresuró la
renuncia del entonces titular del Poder Ejecutivo. Aunque con distintos énfasis, los
dictadores, primero, y luego los presidentes constitucionales Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la
Rúa, Eduardo Duhalde y –hasta hoy y en sentido contrario a su retórica-
Néstor Kirchner, implementaron de modo sistemático la construcción vernácula de
la nueva estructura social de acumulación.
En consonancia con los fines de
desarticular las políticas de bienestar y reorganizarlas bajo nuevas reglas, los años noventa fueron la
plataforma sobre la cual se modificó
sustancialmente el funcionamiento del Estado tanto en la formulación, implementación y evaluación de
políticas públicas como en su propio
funcionamiento interno[51].
El escenario de los noventa expresó
medidas tendientes al desmantelamiento de las actividades estatales
típicas del capitalismo keynesiano. En
el plano productivo, a través de las
privatizaciones -luego de un período de vaciamiento y endeudamiento de las empresas estatales- los activos
producidos con el esfuerzo de varias
generaciones de argentinos pasaron a manos de conglomerados económicos bajo la promesa neoliberal de que la gestión
privada (y la propiedad particular o concesionada) iba a asegurar un servicio
más eficiente, barato, adecuado. La ola privatizadora propiciada por el
proyecto neoliberal también
incorporó compromisos legitimadores locales: recordamos cuando Menem aseguró, oportunamente, que el
proceso privatizador iba a generar recursos que serían destinados a la
educación, la salud, la vejez e, inclusive, a la resolución del yugo de
la deuda externa.
Estas privatizaciones se
desarrollaron a toda velocidad y significaron la dilapidación del patrimonio
acumulado por varias generaciones de argentinos con su trabajo. Sobre este punto hay abundantes denuncias, y
excede los límites de este escrito avanzar en el análisis de este
latrocinio.
Estos procesos se vieron acompañados
por despidos en masa de las empresas privatizadas, así como por las funciones descentralizadas
a las jurisdicciones provinciales.
El desempleo creciente no pudo ser resuelto por la batería de regulaciones precarizadoras de las
relaciones laborales[52],
pruebas de un nuevo incumplimiento
de las promesas menemistas. El
arrasamiento de la legislación
laboral típica del Estado benefactor, inaugurada con el primer peronismo, así
como la implantación de modalidades
flexibles (precarias) de contratación de mano de obra, intentaron justificarse diagnosticando que
el desempleo respondía a la rigidez de las formas de contratación. Contra los pronósticos oficiales, los
indicadores de empleo lejos de mejorar empeoraron (acelerando incrementalmente los niveles de desempleo y subempleo), a la
vez que se deterioraron a niveles
inéditos las condiciones laborales de amplios contingentes de trabajadores y
retornando a escenas sólo imaginables en el período fundacional del
capitalismo, en el cual la jornada de trabajo se fijaba por omnímoda decisión
del capital. Se registra así un grado de
arbitrariedad patronal inimaginable antes de la última dictadura militar y
después del primer peronismo, a mediados de los cuarenta.
También se privatizó la previsión
social creando nuevos mercados de capitales a través de las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones
(AFJP), con el aporte de los trabajadores.
A pesar de que la reforma fue denominada –acorde a ciertas
perversiones discursivas menemistas típicas- “Ley
de Solidaridad Previsional”, implicó en los hechos un cambio sustancial en la lógica histórica del sistema
previsional. Mientras que antes, en cada
categoría ocupacional, las
generaciones jóvenes financiaban con su aporte a los trabajadores pasivos, el
nuevo esquema propone una forma de capitalización donde cada quién aportaba para su propia jubilación,
lo que implica el pasaje de una
lógica de solidaridad intergeneracional (pero intra-ocupacional[53])
a una lógica individualista.
Una consecuencia de esta reforma profunda fue el desfinanciamiento estatal de miles de millones de pesos anuales,
que debía cubrir el desplazamiento de
los trabajadores activos al sistema privado con fondos propios para pagar jubilaciones más que escasas a los
trabajadores pasivos. Contra la retórica de no intervención estatal combinada con el
ajuste del gasto público, la reforma previsional nos muestra realidades mucho
más elocuentes: la conformación de
un mercado de capitales financiados con aportes de los trabajadores asegura ganancias especulativas mientras se
provoca un fenomenal déficit fiscal. Una
suerte de Hood Robin[54]
–dinámica nada novedosa en las sociedades
de clases- agudizado replica la fórmula por la cual se roba a los pobres para
distribuir entre los ricos, ahora de modo desembozado y alcanzando niveles
inéditos en un régimen constitucional.
Un elemento importante del modelo es el notable
incremento presupuestario para el funcionamiento aceitado de los aparatos
represivos del Estado. En línea con el neoliberalismo mundial, se
producen fuertes inversiones en materias de represión y judicialización del
conflicto social.
Sobre la base
de una política y una dinámica que reproducen la pobreza e incrementan los
niveles de conflicto, la alternativa del Estado neoliberal es el incremento de
las políticas represivas por múltiples vías.
Es interesante recordar ahora una declaración pública de Duhalde en la
campaña de 1999: “No me voten por lo que digo, sino por lo que hice. Cuando asumí había 21 cárceles. Ahora hay 43".
Curiosamente,
el modelo Estado Mínimo (en relación
con el aseguramiento de derechos de ciudadanía) se profundizó con un fuerte
grado de consenso social. Este consenso,
por su parte, incluyó el incremento de la función represiva implementando
nuevas transformaciones que darían paso al Estado penal.
A la
ideología represiva de los neoconservadores de Nueva York cabe agregar una nota
específica de nuestro país: aquí la dictadura, en 1976, inauguró de modo
sistemático e institucional los vínculos orgánicos entre la policía
(distinguiéndose la labor particularmente devastadora del General Camps en la
policía bonaerense) y el delito. Dos
notas, pues, anteceden a la sistematización de la nueva teología de la
seguridad: la complicidad, e inclusive, el protagonismo de miembros prominentes
de las instituciones responsables de la seguridad
con el delito –y con toda gama de delitos, desde la prostitución al tráfico de
drogas, armas o robos de autos-, y la represión a través de la metodología del gatillo fácil (nombre que recibió la
eliminación física selectiva de jóvenes de barriadas populares en supuestos
enfrentamientos por hechos delictivos con agentes de seguridad). Según cifras no oficiales en Argentina,
organismos de derechos humanos refieren la existencia de más de mil seiscientos
asesinatos por el gatillo fácil desde 1983 a la fecha. Este modo represivo capilar sobre los
sectores privados de los más elementales derechos instaló, como contrapartida,
una sensación de inseguridad generalizada y una desvalorización de la vida
propia y ajena en estos lugares. De esta
inseguridad existencial a que son sometidos millones de argentinos –inseguridad
con respecto a la vida, en primer término, pero también al empleo, la salud, la
educación, la recreación, la cultura, etc.- se habla poco en los medios
oficiosos y oficiales. Sólo la inseguridad
de la propiedad y los propietarios es inscripta en las recomendaciones de los
voceros que resuenan en noticieros y columnas de opinión.
La
contrapartida del Estado penal fue el Estado asistencial.
El empleo y
la pobreza, que en el capitalismo de bienestar argentino no solían coexistir, ahora
eran una pareja bien constituida. No
alcanzaba en los noventa –y esta situación se mantiene constante aún- con tener
un empleo para tener las necesidades básicas satisfechas, y así importantes
contingentes de capas medias cayeron en la llamada nueva pobreza, pobreza de puertas adentro, vergonzante,
inconfesable. La notable transferencia
de ingresos a la cúspide de la escala social y al exterior se tradujo –se sigue
traduciendo aún- en el deterioro social de las mayorías populares. Estas víctimas no fueron, sin embargo, las
que más indignaban a las buenas conciencias (aunque dolía, cómo no): los cien
niños por día muertos por causas evitables en Argentina son una acusación por
las cuales el neoliberalismo y sus ejecutores tendrán que dar cuenta –en una
suerte de accountability social-
algún día.
En el plano
del propio funcionamiento del Estado hubo, por su parte, importantes
modificaciones.
Argentina
venía de una historia de un extendido aparato institución estatal, con fuertes
burocracias, empresas públicas, organismos dedicados investigación y
desarrollo, organismos específicos de transferencias de recursos, un sistema
financiero oficial orientado a necesidades sociales y productivas. Se trataba de una red gigantesca que fue
cuestionada sistemáticamente por sectores de la gran burguesía.
El período
abierto por la dictadura en 1976 no sólo reformula el orden social sino el rol,
sentido y funcionamiento del Estado como aparato de dominación y caja de
resonancia del conflicto social. El
abandono del modelo sustitutivo de importaciones y su reconfiguración como
modelo centrado en la liberalización financiera especulativa y el retorno a las
actividades agroexportadoras se acompaña de una retórica fuertemente
antiestatista. El Estado se convierte en un socio
perdedor de una nueva élite capitalista, primero a través los negociados de
la Patria Contratista, luego con la estatización de la deuda externa privada y
más tarde, culminando el proceso operado a partir del genocidio, vía el
expediente de las privatizaciones a precio vil de los activos públicos
preexistentes.
El retorno a
la institucionalidad democrática en los ochenta llega con un Estado exhausto e
impotente. Entre 1983 y 1985 se asiste a
un intento de recuperación del capitalismo distributivo, y los debates sobre el
Estado se centran en la posibilidad de su modernización:
Se
conjuga allí la preocupación por incorporar nuevas tecnologías de gestión, con
la de capacitar al personal directivo tanto en conocimientos de la
administración y gestión modernas, como en nuevas pautas éticas y de
comportamiento, que regeneran un sentido de la responsabilidad perdido en la
administración pública, desquiciada por años de manejo discrecional. El presupuesto claro era que no se trataba
necesariamente de una reducción del aparato estatal, sino de una
refuncionalización, que rescataba el sentido fundamental de las intervenciones
del Estado en el campo de la sociedad civil. (...) En cambio, desde los
organismos internacionales y los demás componentes del ‘complejo acreedor’, se
presionaba en dirección al ajuste fiscal generalizado, y como parte de esa
lógica, a la reducción del aparato estatal.
El poder económico local se
inclinaba a las privatizaciones, pero resistía otros aspectos del fiscalismo, que pueden reducir la capacidad del
Estado como cliente (comprador de
bienes y servicios, así como contratante de obras públicas)[55].
El tránsito del gobierno radical, con
Raúl Alfonsín, al menemismo se realizó en un contexto traumático de crisis
económica y social. La hiperinflación,
los saqueos, la convulsión social fueron el prólogo de una asunción condicionada.
En la segunda mitad de los ochenta,
el radicalismo había cedido sin cesar
frente a las demandas de los Organismos Financieros y la crisis desatada por
esos mismos factores de presión dio lugar a la emergencia de un nuevo gobierno.
La declaración del entonces ministro
de economía alfonsinista, Juan Carlos
Pugliese, daba cuenta de la patética ingenuidad (en el mejor de los casos) de
la socialdemocracia vernácula: “les hablé con el corazón y me contestaron
con el bolsillo", reconoció el titular de la cartera económica.
La asunción de Menem vino a ordenar neoliberalmente las cosas en un complejo
alineamiento del funcionamiento del Estado que permitiera generar nuevas condiciones
para la acumulación del capital a la vez que legitimarse y legitimar el nuevo orden.
El Estado reorganizó sus prioridades
tomando como norte inexorable el ajuste fiscal, brújula que ordenó
muchas de sus acciones.
Aparece como novedad el intento de
modernizar al Estado incorporando tecnócratas vinculados al poder
económico. La marca originaria fue
establecida con el nombramiento de miembros del holding empresarial Bunge y
Born (Ángel Roig, que falleció a tres días de asumir y fue sucedido por Néstor Rapanelli), bajo el siguiente supuesto: si
eran empresarios exitosos, serían administradores
exitosos.
La introducción de este ejército
tecnocrático dio una pátina de legitimidad
a la gestión del Estado, en el imaginario se estimulaba la idea de que los criterios para la administración era la eficacia y
la posesión de herramientas de managment.
Sin embargo, bajo la direccionalidad
excluyente del ajuste fiscal como norte,
se operaban políticas mucho menos neutrales que lo reconocible: el retiro del
Estado de múltiples áreas se compensaba con la generación de negocios
para empresarios amigos, vía tercerización de funciones, privatizaciones u otros modos de transferir recursos al sector
privado. Este proceso no es, sin
embargo, enteramente novedoso:
El proceso de tecnocratización no
es novedoso, ya que se lo encuentra en la médula misma del Estado de Bienestar, que contaba con
funcionarios especializados en convertir en 'administrativos' los problemas
políticos, y en transmutar los reclamos
de poder provenientes de la sociedad civil, en 'derechos' a aplicar desde el
mismo Estado. La novedad relativa es que
la crisis de ese modelo estatal, manifiesta a partir de los setenta, terminó
resolviéndose claramente a favor de lo más concentrado de las clases
dominantes, en línea de orientación de quienes criticaban a ese Estado desde
perspectivas más afines al liberalismo económico y elitistas, sumando además un
fuerte componente de 'revancha' frente a lo que entendían como abusos de las
burocracias públicas, las dirigentes sindicales y otros sectores que habían
prosperado a la sombra del Estado intervencionista. En consecuencia,
el grado de tecnocratización no disminuye, sino que modifica su signo,
en función de una vinculación más rápida y directa entre el funcionariado y los
intereses del gran capital. El ingreso
masivo de las condiciones de 'eficiencia' como medida de los méritos de la
función pública, la aplicación de criterios de rentabilidad aún en las áreas
más 'sociales', impuso cierta privatización
'interna' (la de los objetivos y modos de gestión de lo que permanece en
el Estado), mientras que la privatización 'externa' producía un gigantesco flujo de riqueza, y lo que es tanto o más
importante, de capacidad de control y
organización de la sociedad, en dirección al gran capital, local e internacional.[56]
Finalmente, los noventa hacen
coexistir en el aparato estatal la vieja burocracia y la nueva tecnocracia:
En suma, el clientelismo
tradicional, la burocracia que se mantiene básicamente en una matriz de
características weberianas, y los estamentos tecno-burocráticos que pretenden
asumir un liderazgo de tipo gerencial, siguieron conviviendo, más conflictiva que pacíficamente, en
el Estado argentino. Esa convivencia conflictiva se complicó porque ese
Estado fue privado de una racionalidad
'pública' específica, para navegar en una imitación de los modelos de
administración privada, que no da un lugar claro a las finalidades sociales
subsistentes en el aparato estatal, y facilitan su utilización al servicio del 'negocio' particular. (...) Los
nuevos instrumentos 'técnicos' no
garantizaron un mejoramiento en cuanto a honestidad, autonomía y niveles de
eficiencia en la dirección del Estado, que facilitaran un funcionamiento
realmente 'gerencial' si es que tal cosa puede llegar a existir. (...) Esta
refuncionalización tiende con consecuente regularidad a facilitar la capacidad
de respuesta del aparato estatal frente a las necesidades del gran capital,
quedando siempre a mitad de camino la generación de una verdadera capacidad de gestión autónoma. (...)
Quizás sea hora de pensar un poco
menos en términos de gerenciamiento (...)[57].
[1] Sante Di Pol, Red: “Educación, libertad y eficiencia
en el pensamiento y en los programas del neoliberalismo”. Material
bibliográfico de la cátedra de Política Educacional, Facultad de Filosofía y
Letras, UBA.
[2] Friedman, M. y R. Libertad
de elegir. Editorial
Planeta-Agostini, Buenos Aires. 1993, pág. 41.
[3] Friedman, M. y R., op.
cit., pág. 186.
[4] Friedman, M. y R., op. cit., págs.
193-197-198.
[5] Popper, K. La sociedad abierta y sus enemigos. Ediciones Orbis, Hyspamérica,
Buenos Aires, 1985.
[6] Popper, K., op. cit., pág. 290.
[7] Ezcurra, Ana María. ¿Que es el neo liberalismo?
Evolución y límites de un modelo excluyente.
Lugar Editorial-Ideas, Buenos Aires, 1998, págs. 14-15.
[8] Sante Di Pol, Red,
op. cit.
[9] Sante Di Pol, Red, op.
cit.
[10] Friedman, M. y R., op.
cit., pág. 213-214.
[11] Friedman, M. y R., op.
cit., págs. 219-220.
[12] Friedman, M. y R., op.
cit., págs. 224-225.
[13] Friedman, M. y R., op.
cit., págs. 226.
[14] Friedman, M. y R., op. cit., págs. 227-228-235-236.
[15] Friedman, M. y R., op. cit., págs. 258-259.
[16] El caso de la
elaboración de los contenidos básicos comunes implementados por la Reforma
Educativa en Argentina constituye un
ejemplo concreto de este dispositivo.
[17] Baudelot, C. & Establet, R.: La escuela capitalista. Editorial Siglo XXI, 1999, 13ª edición,
pág. 139. Destacado original.
[18] Calidad que, a su vez, se expresa en términos de
cantidad de conocimientos acumulados por los alumnos.
[19] Apple, M.: Maestros
y Textos. Una economía política de las relaciones de clase y de sexo en
educación. Paidós, Barcelona, 1989, pág. 88, 1ª edición.
[20] La diferencia entre vivir en
Haití o en Suecia, en términos de condiciones de vida de las mayorías, configura
sin duda una realidad empírica evidente.
Con la misma certeza afirmamos que el orden capitalista debe entenderse
como sistema mundial, sistema que reproduce entre las sociedades nacionales
relaciones de desigualdad, de jerarquía y de dominación/sometimiento. Y de allí, por tanto, es posible afirmar que en el capitalismo se puede vivir como
en Suecia porque se debe vivir así en Haití. Los datos
referidos a las desigualdades en el plano mundial permiten ver cómo la
especie-pero con grados de responsabilidad muy diversos- pone en riesgo social
y ecológico la continuidad del planeta por la acción depredatoria del
capitalismo globalizado.
[21] Ver los textos de
Wacquant, Loïc: Las cárceles de la miseria. Ediciones Manantial, Buenos
Aires, 2000, 1ª reimpresión; Parías urbanos, marginalidad en la
ciudad a comienzos del milenio. Ediciones Manantial,
Buenos Aires, 2001, 1ª impresión.
[22] Va de suyo que la
modelación del orden social no es una creación pacífica de una clase social,
sino un proceso dinámico y
atravesado por antagonismos y luchas.
Queremos señalar que el saldo de estas luchas se resolvió a favor de la clase dominante que condujo
dicho proceso y arribó a resultados funcionales
a sus intereses.
[23] Los años noventa
constituyeron la plataforma temporal de esta transición, aun en curso y con
final imprevisible luego de la
rebelión de diciembre de 2001.
[24] Pozzi, P.; Nigra, F.: Huellas imperiales. Historia de los Estados Unidos de América 1929-2000,
Imago Mundi, Buenos Aires, 2003,
1ª edición.
[25] Pozzi, P.; Nigra, F., op. cit.,
pág. 9.
[26] Pozzi, P.; Nigra, F., op. cit., págs. 17-18.
[27] El término "Consenso de Washington" remite a
una serie de propuestas elaboradas en EE.UU. como propuestas de
políticas públicas para los países subordinados y periféricos. Entre las más relevantes se destacan las de
privatización de empresas públicas, flexibilización laboral, apertura
económica, equilibrio fiscal. Constituyen la base de política pública de
los gobiernos neoliberales en los ochenta y noventa en todas las latitudes del mundo, aunque con diversos grados de
profundidad y alcance.
[28] Este fenómeno es
recurrente en EE.UU. como en otros países del capitalismo avanzado.
[29] En general la flexibilización
remitió a un concepto ambiguo: se refería a la elasticidad de la organización de la tarea (flexibilización interna) y al
tipo particular de contrato laboral (flexibilidad externa). Los
objetivos de la política económica centrada en la flexibilización apuntó a la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores.
[30] La obra de F. Fukuyama, El fin de la Historia y el
último hombre, es un poderoso ejemplo de estas ideas. Publicado en el año 1989 –curiosamente
coincidente con la caída del Muro de Berlín-, constituyó un valioso recurso
propagandístico para el orden del post "socialismo realmente
existente".
[31] Igualdad, por otra parte, imposible de efectivizar
–según lo demuestra ampliamente la propia historia del orden burgués y aún
reconociendo matices- en el contexto de relaciones sociales dominante
capitalistas.
[32] Cabe aclarar, frente a las críticas concomitantes
sobre la dificultad de generar alternativas ofensivas y de cara al futuro, que
decir "no" constituye un válido primer paso para obturar las
novedades que anunciaron calamidades para las mayorías. El fracaso ostensible de los modelos
alternativos y sus promesas (tanto del "socialismo realmente
existente" como del "capitalismo de rostro humano" encarnado por
el listado de Bienestar) dejaron a las mayorías huérfanas de alternativas en el
corto plazo, pero con capacidad intacta de decir “¡No aceptamos
esto!". En cualquier caso, emergen
hoy aquí y allá nuevos caminos posibles, tema que veremos en otro acápite.
[33] Citado en Bauman, Zygmunt: En busca de la política, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires,
2003, 1ª reimpresión.
[34] Ver Wacquant, Loïc: Las cárceles de la miseria, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2000, 1ª
Edición.
[35] Wacquant, Loïc: op. cit., págs. 11-12.
[36] Wacquant, Loïc: op. cit., pág. 15.
[37] Wacquant, Loïc: op. cit., pág. 17
[38] Wacquant, Loïc: op. cit., pág. 23.
[39] Los dichos ocurrieron a la inversa de los hechos bajo
el gobierno de Reagan: durante sus mandatos, el presupuesto estatal se
incrementó notablemente, pero para usos militares y de "seguridad
hemisférica".
[40] Wacquant, Loïc: op. cit., pág. 41.
[41] Vernos en estas reflexiones que estas nuevas
realidades nos tucán de cérea. Nuestros
piqueteros son parte de ese ejército universal de excluidos señalados como una
insoportable molestia visual a los ojos de
los bienpensantes sobrevivientes del naufragio.
[42] Wacquant, Loïc: op. cit., pág. 45.
[43] Wacquant, Loïc: op. cit., págs. 165-166.
[44] Wacquant, Loïc: op. cit., pág. 166.
[45] Ver Pacheco, Mariano. “Del piquete al
movimiento". Cuadernos de la FISyP,
Buenos Aires, enero de 2004, Nº 11, 1ª edición.
[46] Ver Gambina, J.; Campione, D.: Los años de Menem. Cirugía
Mayor. Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2003, 1ª edición.
[47] Gambina, J.; Campione, D.: op. cit., pág. 80-81.
[48] Lo afirmado no implica el éxito del empeño por
congelar las fuerzas en lucha (y particularmente por anular la acción
resistente y transformadora de la clase subalterna). Contra los pronósticos del fin de la
historia, una infinidad de ejemplos cotidianos dan cuenta de que cualquier
orden social basado en la opresión de unos sobre otros se desenvuelve siempre,
de modo abierto o encubierto, latente o manifiesto, como proceso histórico de
luchas, triunfos y derrotas de los contendientes.
[49] En las conclusiones que sobre la causa referida a la
Deuda Externa, presentalla por Alejandro Olmos, el Juez Ballesteros señala en
sus conclusiones que: “ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la
manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables
políticos y económicos de la Nación en aquellos periodos analizados. Así también se comportaron directivos y
gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo
reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin
de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales
nacionales, inexistentes resultaban los registros contables de la deuda
externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política
económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el
Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido
también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por
la empresas del listado".
[50] Como una diferencia con dictaduras previas, las normas
emanadas del poder de facto fueron nominadas por ellos mismos "leyes"
en lugar de los tradicionales "decretos-leyes". Siendo la ley una norma emanada del Poder
Legislativo, constituido por los representantes del pueblo, queda claro el
exceso de la denominación. La Comisión
de Asesoramiento Legislativo (conformada por un representante de Ejército,
Armada y Fuerza Aérea) está lejos de constituir una representación democrática
y, por tanto, de sancionar en sentido lato “leyes”.
[51] Ver, entre otros: Bocón, A.: Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina. Ediciones
Imago-Mundi, Buenos Aires, 1991, 1ª edición; AA. VV.: Peronismo y Menenismo. Ediciones El cielo por asalto, Buenos Aires,
1995, 1ª edición; Gambina, J.; Campione, D.: Los años de Menem. Cirugía Mayor. Centro Cultural de la
Cooperación, Buenos Aires, 2003, 1ª edición.
[52] El diario Página
12 señalaba que "El golpe a los derechos adquiridos pegó primero a los
empleados del Estado y de las PYMES, que en conjunto constituyen casi el 70% de
la población ocupada. La ley de
flexibilización laboral para las PYMEs derogó a la 11.729, que –en 1993-
consideraba un delito 'el periodo de
prueba a un trabajador'. El nuevo
régimen no sólo introduce un periodo de prueba por cuatro meses, sino que permite condiciones laborales propias de los
albores de la Revolución Industrial: jornadas de trabajo hasta doce
horas corridas, vacaciones en cualquier momento del año, aguinaldo fraccionado,
entre otras delicias. Al primer golpe le
siguieron otros para ayudar a la flexibilización, como el decreto 340 de 1992,
que incorpora la modalidad de las pasantías a ciertas áreas del mercado laboral, en reemplazo de mano de obra
calificada. El pasante puede cobrar o no
una suma de viáticos, no recibe
ningún tipo de protección social y la empresa no tiene compromiso alguno con
él. El modelo 'trabajo de fin de siglo' también llegó a la industria: el
primer paso lo dio el SMATA, en el acuerdo con Fiat y Toyota: aceptó que los
operarios puedan ser transferidos de área, función u horario cuando la empresa lo disponga; que se elimine el
comedor de la empresa y que las vacaciones se puedan fraccionar en dos. En el
mismo acuerdo, SMATA aceptó salarios entre un 39 y un 43% más bajo que
en otras terminales. Pocos creen que el
trabajo precario sea sólo un viaje de ida, una muestra de las relaciones
laborales del futuro. (...) Mientras, Funes de Rioja señala que aún los
impuestos al trabajo son demasiado altos,
más flexibilidad y menos derechos aún" (Página 12, junio 7, 1997).
[53] Esta aclaración es pertinente para ver cómo la
desigualdad remunerativa se extendió desde sus orígenes al campo de las jubilaciones.
En efecto, y contra toda lectura idealizada, el modelo anterior era de
solidaridad intergeneracional pero al interior de cada ocupación. Las profundas desigualdades salariales se prolongaban luego de la vida activa, y
por tanto las asimetrías acompañaban al trabajador hasta la muerte. El modelo de previsión neoliberal lleva hasta
los límites la lógica individualista.
[54] Remite a la
inversión de la figura heroica de Robin Hood: se trata en este caso de un
antihéroe que roba a los pobres para darle a los ricos.
[55] Gambina, J.; Campione, D.: op. cit., pág. 87.
[56] Gambina, J.; Campione, D.: op. cit., págs. 114-115.
[57] Gambina, J.; Campione, D.: op. cit., págs. 117-118.
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